
El acusado que provocó en 2013 el incendio forestal que devastó 2.347 hectáreas en la Serra de Tramuntana afronta una reducción de condena, lo que podría impedir su ingreso en prisión debido a la consideración de su diagnóstico psiquiátrico. Según informó Europa Press, el Tribunal Supremo revisó la pena tras estimar parcialmente el recurso presentado por la defensa y la fijó en un año y nueve meses de prisión, por debajo del umbral que generalmente obliga al cumplimiento efectivo en la cárcel.
El fallo de la Sala de lo Penal del Supremo rebajó la condena inicial de dos años y medio. El tribunal no ha emitido una decisión respecto a la suspensión o no de la pena, pero al quedar por debajo de los dos años, el procesado podría evitar la prisión, tal como publicó Europa Press. Este hombre fue condenado por el incendio que se inició el 26 de julio de 2013 en una finca de Andratx, en Mallorca, cuando arrojó los restos de una barbacoa sobre residuos de poda. Las condiciones climáticas de ese día, con temperaturas de hasta 38°C, baja humedad y viento, favorecieron la rápida propagación del fuego.
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Durante cuatro días, las llamas consumieron más de dos mil hectáreas, según detalló Europa Press. Unas 1.278 hectáreas correspondían a la Serra de Tramuntana, un espacio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco pocos años antes del incendio. Otras zonas afectadas incluían áreas protegidas como La Trapa y las calas de Ses Ortiguez y Estellencs, además de la finca de Es Galatzó.
Las consecuencias del incendio obligaron a evacuar a unas 750 personas, según informaron las autoridades y recogió Europa Press. No hubo víctimas mortales, pero sí importantes daños materiales y ambientales. Se talaron 4.600 árboles y la restauración de los espacios afectados alcanzó un costo de 3,37 millones de euros. La carretera Ma-10 también resultó dañada, por lo que se evaluaron desperfectos valorados en poco más de un millón de euros. Los gastos incluidos a cargo de diversas administraciones sumaron partidas para limpieza de cunetas y restitución de señales por 600.000 euros, dotaciones de los Bomberos de Mallorca por 51.559 euros, medios de extinción del Govern balear por 392.014 euros, y reparación de daños en los acuíferos por 99.360 euros.
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Tras el incendio, el Govern balear describió el suceso como uno de los incendios forestales más virulentos en la historia reciente de las Islas Baleares, tal como recordaron años más tarde y recogió Europa Press. El origen del fuego quedó vinculado a la acción del acusado, cuya condición psiquiátrica resultó determinante en el proceso judicial posterior.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, citada por Europa Press, identificó que el hombre sufre una psicosis esquizofrénica que afecta a sus capacidades intelectuales, de voluntad y de conocimiento, por lo cual no existió intención consciente de causar un incendio. La defensa recurrió la primera sentencia pues sostenía que la existencia del trastorno mental debía reconocerse como eximente completa y no solo parcial, y que el principio de no incriminación también se había visto vulnerado.
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El Tribunal Supremo consideró que aunque la enfermedad mental diagnosticada no exonera por completo la responsabilidad del procesado, sí amerita una mayor atención. Por esta razón, el alto tribunal fijó una pena menor de prisión, además de imponer una multa de 120 euros, conforme a la nueva sentencia consultada por Europa Press.
El incendio de Andratx no solo tuvo efecto sobre el entorno natural, sino también en la gestión de recursos y mantenimiento ambiental de la isla, ya que requirió actuaciones especiales para la restauración de ecosistemas y la protección de zonas consideradas de alto valor ecológico y patrimonial. El suceso contribuyó a debates sobre la prevención de incendios forestales en entornos vulnerables y la necesidad de adaptar los procesos judiciales a situaciones que involucran problemas de salud mental, como reconoció el propio fallo del Supremo, reseñado por Europa Press.
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Las motivaciones del acusado, limitadas por el cuadro de esquizofrenia que alteró su capacidad de entender el alcance de sus actos, se tuvieron en cuenta parcialmente en la revisión judicial. Las medidas adoptadas tras el siniestro incluyeron la sustitución de señalización, limpieza de zonas afectadas y la coordinación de distintas administraciones para la restauración ambiental, tareas que generaron gastos por encima de los cuatro millones de euros.
La resolución del Supremo marca un precedente en casos en los que la salud mental implica una circunstancia atenuante y sitúa la posibilidad de eludir la cárcel para condenas que no superen los dos años, en línea con el Código Penal vigente, según reportó Europa Press. Esta decisión deja pendiente la valoración por parte del tribunal de la posible suspensión de la pena, considerando el estado psiquiátrico del acusado en cumplimiento del fallo de la Audiencia Provincial anterior.
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El incendio en la Serra de Tramuntana, según fuentes judiciales citadas por Europa Press, continúa figurando como uno de los episodios más graves en la gestión de incendios forestales en Baleares, con consecuencias económicas, ambientales y legales de amplio alcance.
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