
La decisión de Junts per Catalunya de votar en contra del decreto conocido como 'escudo social', junto al Partido Popular (PP) y Vox, provocó que, según la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, miles de catalanes quedaran sin los beneficios previstos por la normativa, como el bono eléctrico y térmico, o las ayudas destinadas a trabajadores autónomos. La representante socialista advirtió que con esta postura, Junts priorizó una estrategia vinculada a intereses nacionales por encima de las necesidades directas de la ciudadanía en Cataluña. En declaraciones recogidas por Europa Press y difundidas en el programa 'Parlamento' de RNE, Mínguez apuntó directamente a la formación liderada por Carles Puigdemont, a la que responsabilizó del desenlace parlamentario.
De acuerdo con información publicada por Europa Press, Mínguez subrayó que la votación convirtió a Junts en la única fuerza independentista que, en esta ocasión, coincidió con el voto de Vox en la Cámara baja, a pesar de que este partido defiende abiertamente la ilegalización de las fuerzas secesionistas. La diputada socialista señaló: “Les regalan el aplauso a los que les quieren ilegalizar”, aludiendo así a la reciente advertencia lanzada desde Vox de promover un referéndum para prohibir los partidos independentistas si acceden al Gobierno central. Tras la derrota del decreto en el Congreso, desde el Partido Socialista se intensificaron las críticas hacia Junts, percibiendo que esta agrupación política se alineó accidentalmente con formaciones de ideología opuesta en aspectos fundamentales y sensibles para el electorado independentista. El medio Europa Press consignó que el PSOE insiste en que Puigdemont y sus aliados actuaron de manera inconsistente al prometer respaldo solo a las iniciativas que mejoraran la vida de los catalanes y luego rechazar un decreto que, a ojos del Gobierno, era beneficioso para este colectivo.
La dirigente socialista trasladó su llamamiento a una revisión interna hacia los líderes territoriales de Junts, al mencionar específicamente a los alcaldes, exalcaldes y presidentes de Diputación que forman parte de la formación, recalcando que su conocimiento del terreno y de las necesidades de los ciudadanos debería haber orientado el voto en otra dirección. Según publicó Europa Press, Mínguez recalcó que la medida rechazada incluía apartados que facilitaban el acceso al bono social eléctrico y térmico, así como otras ayudas directas que, en su valoración, suponían un claro avance en el bienestar de los habitantes de Cataluña.
En el contexto de la ruptura previa entre Junts y el Gobierno central, que se hizo patente durante el otoño pasado cuando los de Puigdemont anunciaron su intención de no apoyar más iniciativas del Ejecutivo tras uno de los episodios de tensión entre ambas formaciones, el desacuerdo por el 'escudo social' refuerza la distancia política entre ambos espacios. Sin embargo, la portavoz socialista enmarcó la votación como una muestra de incoherencia por parte de Junts, dado que la propia formación había manifestado estar dispuesta a respaldar aquellos proyectos legislativos que implicasen mejoras tangibles para la sociedad catalana.
Durante la entrevista reproducida por Europa Press, Mínguez sugirió que el futuro de la relación parlamentaria con Junts dependerá de una decisión orgánica dentro del partido catalán y, eventualmente, del regreso de Carles Puigdemont a España. Añadió que corresponde a Junts explicar públicamente el sentido de su voto y responsabilizarse por el efecto que la caída del decreto social podría tener sobre un amplio segmento de la población.
El posicionamiento de la portavoz socialista también incluyó críticas al Partido Popular. La diputada por Lleida reprochó a esta formación que, si bien en las sesiones de control al Gobierno demanda soluciones para la mejora de la calidad de vida de los españoles, posteriormente expresa su rechazo a medidas concretas en este sentido cuando se someten a votación en el Congreso. Mínguez sintetizó esta actitud alegando que “las preguntas que hacen el miércoles se convierten en votos en contra los jueves en los reales decretos”, según puntualizó Europa Press.
Europa Press informó que el PSOE considera que el verdadero perjudicado en este escenario es la ciudadanía, al quedar sin efectos la batería de medidas que recogía el decreto social, entre las que se incluía también una moratoria antidesahucios. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la responsabilidad recae en los grupos parlamentarios que votaron en contra y no en el Gobierno, que pretendía compilar distintas iniciativas sociales bajo el mismo decreto para asegurar su entrada en vigor.
Tras la votación, la formación socialista elevó el tono frente a Junts e insistió en que el resultado representa una contradicción para una agrupación nacionalista e independentista, que al alinearse en el Parlamento con las posiciones de Vox y PP, según el relato del PSOE, termina asumiendo un riesgo político que puede repercutir en su base electoral. La expectativa, según manifestó Mínguez y recogió Europa Press, es que Junts lleve a cabo una reflexión sobre las consecuencias de su decisión y valore la repercusión del bloqueo a una legislación que incluía coberturas para sectores vulnerables de la población en Cataluña.
En lo referido al futuro, la interlocución entre el Gobierno central y Junts permanece abierta, pero condicionada a la explicación pública que la formación catalana pueda ofrecer sobre su comportamiento parlamentario reciente y el impacto esperado de la derrota del decreto social sobre el conjunto de los ciudadanos.
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