El gobierno vasco propondrá al central prohibir completamente las armas blancas en zonas de ocio nocturno

La administración autonómica pide al Ejecutivo nacional reformar la legislación vigente para erradicar la tenencia de cuchillos y otros instrumentos punzantes en discotecas, medios de transporte y espacios masivos tras el alarmante crecimiento de incautaciones y delitos relacionados

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Un aumento sostenido en el número de incautaciones de armas blancas ha marcado un récord histórico en Euskadi: las armas incautadas han pasado de 659 en 2019 a 1.497 en 2025, lo que representa un incremento del 129% en seis años. Sobre esos datos, el debate por la seguridad en espacios públicos y de ocio nocturno ha ganado fuerza. Según informó el Gobierno vasco, se trasladará al Ejecutivo central una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de prohibir de manera absoluta el porte de cuchillos y otros instrumentos punzantes en discotecas, medios de transporte, accesos a estos y espacios donde se generan grandes concentraciones de personas.

De acuerdo con las declaraciones del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, recogidas por el medio de comunicación, esta petición busca endurecer el actual marco legislativo, que según las autoridades autonómicas, ha resultado insuficiente frente al repunte de delitos vinculados al uso de armas blancas. El consejero Zupiria señaló que la normativa vigente, aprobada en 2015 durante el Gobierno de Rajoy, considera falta grave portar, exhibir o utilizar armas prohibidas o hacerlo de manera negligente. Sin embargo, ante la evolución de los datos, el Departamento de Seguridad entiende que se requieren restricciones más severas y específicas para determinados espacios y situaciones.

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Zupiria amplió que el dispositivo normativo actual se completa con un reglamento que prohíbe en su artículo 4 la tenencia de bastones estoque, puñales de cualquier tipo y navajas automáticas, así como las de hoja superior a once centímetros. A pesar de la implementación de estas medidas y de un plan de acción activado en febrero de 2023 para combatir la presencia de armas blancas, los resultados muestran que las incautaciones y los expedientes sancionadores continúan en ascenso.

Tal como publicó la fuente, durante una sesión celebrada en el Parlamento vasco, la parlamentaria Ainhoa Domaica (PP) denunció que los datos oficiales evidencian el agravamiento del problema. Entre 2019 y 2025, las incautaciones crecieron un 129%, y solo entre 2024 y 2025 el aumento fue del 11%, lo que supone 150 armas decomisadas más en el último año. Domaica también indicó que los delitos cometidos con armas blancas se incrementaron un 1% respecto a 2024, mientras que los expedientes sancionadores subieron un 61% en 2025, con 614 casos adicionales y 116 sanciones más (un aumento del 12%). Según detalló, la recaudación por estas sanciones se redujo en 61.000 euros y cada vez menos infractores cumplen con los pagos.

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La parlamentaria popular cuestionó la eficacia del plan adoptado por el Gobierno vasco desde 2023 y criticó que las acciones oficiales parecen centrarse solo en la retirada de armas, sin ofrecer medidas preventivas efectivas. Según consignó el medio, Domaica reclamó una revisión urgente del actual plan, argumentando que “no ha reducido la presencia de armas blancas en las calles, porque hay más impunidad y más peligrosidad”.

Durante su intervención, Zupiria respondió que Ertzaintza y las Policías Locales continuarán aplicando el plan vigente y destacó que las posibilidades de acción de las autoridades están delimitadas por la legislación estatal. Además, subrayó que existe un compromiso institucional para mejorar la eficacia en la retirada de armas y reducir su presencia. Según explicó, el plan puesto en marcha desde febrero de 2023 prioriza la detección y retirada de armas sobre todo en los espacios y horarios con mayor riesgo de conflicto, como puntos de ocio nocturno y zonas con alta afluencia de público.

En ese periodo, según datos proporcionados por el propio consejero y reportados en la fuente, las autoridades han ocupado 1.171 armas blancas y 1.821 objetos considerados peligrosos, además de tramitar 4.102 denuncias administrativas y lograr 3.032 inculpaciones. Entre 2024 y 2025 se impusieron un total de 1.600 multas relacionadas con el porte de armas blancas.

El Gobierno vasco plantea que ni las medidas actuales ni el marco legal vigente resultan suficientes para frenar el fenómeno. Por este motivo, presentará al Ejecutivo nacional la propuesta de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y el reglamento específico de armas, apuntando a prohibir de forma tajante la tenencia y el porte de armas blancas en espacios de ocio nocturno, transportes públicos y sus accesos, así como en zonas donde la confluencia de personas eleva el riesgo de incidentes.

Según precisó el consejero ante la Cámara autonómica y referenció el medio, el objetivo de estas modificaciones es reforzar la convivencia y minimizar los riesgos para la ciudadanía mediante mecanismos legales que permitan actuar antes de que los hechos delictivos sucedan.

El debate, según se desprende de las intervenciones parlamentarias y la información publicada, refleja diferencias entre el Gobierno vasco y la oposición sobre la idoneidad del plan vigente y la necesidad de dotar a las autoridades de nuevas herramientas legales. Mientras el Ejecutivo defiende la efectividad de las acciones emprendidas, los grupos de la oposición insisten en la urgencia de revisar y rediseñar las estrategias ante el incremento de armas incautadas y delitos denunciados.

Según reportó el medio, la iniciativa presentada pretende no solo abordar el incremento de incautaciones, sino también actuar sobre la prevención del delito. Con la reforma legal solicitada, las fuerzas policiales contarían con mayores facultades para intervenir en situaciones de potencial peligro en lugares de ocio, transporte y eventos multitudinarios.

Las cifras oficiales y la demanda ciudadana para frenar los delitos violentos con armas blancas han situado el tema como uno de los ejes principales en la agenda del Parlamento vasco. La administración autonómica, al trasladar la iniciativa al Gobierno nacional, impulsa un debate sobre los límites de la legislación vigente y sobre cómo responder de manera eficaz a una problemática que afecta de forma directa a la seguridad en el espacio público vasco.

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