El Supremo calcula en casi 80.000 euros las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

El monto total que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, deberá abonar por el caso de filtración de secretos asciende a casi 80.000 euros, contemplando honorarios, impuestos y gastos de representación. Según informó Europa Press, una diligencia del Tribunal Supremo detalla que la cuantía exacta establecida por el órgano judicial es de 79.942,70 euros, correspondiente a las costas procesales tras la condena por la revelación de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la resolución del Supremo desglosa la suma a pagar: la minuta del abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, llega a 64.778,78 euros. A esta cifra se suman 13.603,32 euros en concepto de IVA, reflejando la aplicación de los impuestos correspondientes al total de los honorarios legales, más 1.560,38 euros asignados a la procuradora por sus servicios en el procedimiento.

El proceso que llevó a la condena de García Ortiz incluyó otros pronunciamientos económicos y sanciones. Tal como publicó Europa Press, el ex fiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación especial para ejercer el cargo, así como a cubrir una indemnización de 17.200 euros y una multa equivalente, cuya cuantía fue adelantada a través de una colecta promovida por la Unión Progresista de Fiscales. Además de estas obligaciones, el Supremo estableció el pago de las costas procesales, ahora cuantificadas casi en 80.000 euros, en favor de la parte que resultó perjudicada por la filtración de secretos.

En documentación remitida al Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos argumenta que la cuantía de su minuta responde a la complejidad tanto material como procesal del caso. El abogado alude de forma específica a que "nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró". Esta situación, según su escrito, añade una dimensión inédita y compleja al proceso.

Rodríguez Ramos explica que la falta de precedentes dificulta la objetivación de sus honorarios, añadiendo que ha habido una "pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento", así como el aforamiento de García Ortiz, la eliminación de archivos y la postura de la Fiscalía, que favorecía la absolución del ex fiscal general. Bajo este contexto, el letrado manifiesta que no existen "referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas", por lo que señala que su cálculo se basa en los "criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid".

Europa Press detalla además que ciertos actos procesales y escritos presentados ante el Supremo han sido valorados por el abogado con tarifas específicas: la preparación de cada interrogatorio, cerca de una veintena a lo largo del proceso, fue tasada en 250 euros por unidad. Por cada recurso de apelación, la cifra estimada por Rodríguez Ramos alcanza los 750 euros. Estos parámetros contribuyan al cálculo final presentado en la tasación de costas por el tribunal.

La condena por la que se responsabiliza económicamente a García Ortiz abarca no solo los daños derivados de la infracción, sino también la carga de los gastos judiciales por el desarrollo de un procedimiento que, según la documentación consultada por Europa Press, se caracterizó por la participación de múltiples actores, complejidad material e implicaciones institucionales excepcionales.

La resolución del Tribunal Supremo, de la que se desprenden las cifras señaladas, marca un precedente sobre la asunción de gastos legales por parte de responsables públicos implicados en causas de filtración de datos sensibles. La distribución de los importes entre honorarios, impuestos y procuraduría refleja de manera detallada el cómputo de gastos procesales que enfrenta un ex fiscal general del Estado tras un proceso de estas características.