El sindicato de la Policía Nacional Jupol subrayó que la posición jerárquica ostentada por el director adjunto operativo José Ángel González Jiménez, actualmente investigado judicialmente, representa una circunstancia institucional delicada. A raíz de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid admitiera una querella por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada y lo citara como investigado, Jupol pidió la destitución inmediata del principal responsable operativo de la Policía Nacional. Según informó el medio, Jupol instó directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a asumir su responsabilidad en el nombramiento y continuidad de González en el puesto, sugiriendo además la necesidad de actuar con celeridad para proteger la imagen y credibilidad de la institución policial.
El comunicado emitido por Jupol detalló que González, ingresado en la Policía Nacional en 1984, ejerce como máximo mando operativo del cuerpo desde 2018, periodo que coincide con la etapa de Grande-Marlaska como titular del Ministerio del Interior y de Francisco Pardo Piqueras como director general de la Policía Nacional. Según publicó la fuente, en noviembre de 2024, el Ministerio del Interior revocó la jubilación de González, que cumplía 65 años, aplicando una modificación legal que generó cuestionamientos tanto en formaciones políticas de la oposición como en sectores internos de la Policía Nacional.
Jupol argumentó que la gravedad institucional de los hechos denunciados se incrementa debido a la responsabilidad jerárquica que representa el puesto de DAO dentro de la estructura policial. De acuerdo con lo reportado por el medio, Jupol recordó que la unidad de González como máximo responsable operativo implica erigirse como referente de disciplina, mando y ejemplaridad, recalcando que cualquier sospecha sobre su conducta repercute en el conjunto de la institución.
La organización sindical especificó en su comunicado que la solicitud de destitución no implica prejuzgar la culpabilidad del investigado y llamó a respetar el curso judicial del caso. "No corresponde a esta organización sindical prejuzgar ni dictar sentencia alguna; la justicia debe actuar con independencia, rigor y todas las garantías procesales", sostuvo Jupol en el mensaje citado por la fuente.
Jupol remarcó que su actuación se fundamenta en la necesidad de preservar el prestigio de la Policía Nacional ante la opinión pública. El sindicato insistió en atribuir responsabilidad política tanto al ministro Grande-Marlaska como al director general, ya que ambos participaron activamente en la permanencia de González al frente de la estructura operativa tras la prórroga de su servicio postjubilación. El medio detalló que esta prórroga se sustentó en una modificación legal que permitió evitar el retiro por edad, medida que recibió críticas externas e internas.
El sindicato insistió en que, ante la admisión de la querella y la citación judicial de González como investigado, la continuidad de este mando al frente de la operativa nacional vulnera los principios de ejemplaridad y confianza que la ciudadanía deposita en las fuerzas de seguridad. Según consignó el medio, Jupol recordó que el hecho de que la investigación esté en marcha no inhibe la responsabilidad institucional de quienes lo nombraron y mantuvieron en el cargo.
La demanda de Jupol plantea un contexto de tensión dentro de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. A raíz del proceso judicial admitido a trámite, el sindicato ve urgente que la cúpula institucional adopte medidas de inmediato, entendiendo que la preservación de la credibilidad institucional pasa por la sustitución del máximo responsable operativo mientras duren las diligencias judiciales, reportó el medio. El movimiento también ilustra la complejidad de los equilibrios internos en las estructuras jerárquicas de la Policía Nacional en circunstancias delicadas.
Jupol enfatizó que la petición de cese resulta compatible con la presunción de inocencia y con el respeto al derecho de defensa del comisario principal González, insistiendo en que su organización no busca influir ni condicionar el desarrollo del proceso judicial ni emitir juicios públicos sobre la causa. La organización concluyó que su prioridad radica en el resguardo institucional de la Policía Nacional y en evitar que cualquier proceso judicial afecte el funcionamiento cotidiano y la percepción pública del cuerpo policial.
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