El juez cita a declarar el 9 de marzo al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa

El magistrado Francisco de Jorge autorizó recientemente la prisión provisional de Ignacio Torán, señalado como líder de una supuesta red de narcotráfico que involucraría también a Óscar Sánchez, exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El envío a prisión de Torán ocurrió tres días después de que agentes lo arrestaran en relación con la mayor incautación de cocaína registrada hasta la fecha en España. De acuerdo con Europa Press, la investigación apunta a una presunta colaboración entre Sánchez y Torán en operaciones internacionales de tráfico de drogas, lo que llevó a que el exjefe policial sea citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional.

Según consignó Europa Press, el magistrado De Jorge determinó que Sánchez preste declaración el próximo 9 de marzo a las 12.00 horas por videollamada desde la cárcel, donde permanece detenido desde octubre de 2024. Ese mismo día también deberá comparecer, en calidad de testigo, un inspector de Policía relacionado con los hechos. Las pesquisas detallan que Sánchez tenía aproximadamente 20 millones de euros ocultos en su domicilio, envueltos en un avanzado sistema de disimulo. El hallazgo de esas sumas ha servido como una de las bases de la causa, en la que participa la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Según la información publicada por Europa Press, la colaboración de Sánchez abarcaba la actividad de consultar bases de datos policiales para identificar o descartar investigaciones en curso que involucrasen a miembros de la presunta organización criminal. El juez subraya que “todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos”. El auto judicial alude a la existencia de un mecanismo de blanqueo de capitales que incluiría, además de estructuras mercantiles, el empleo de monedas digitales para esquivar el rastreo de movimientos financieros.

Europa Press reportó que la investigación también examina cómo el inspector sacó partido del inicio de otras investigaciones policiales, no vinculadas directamente con este entramado delictivo. El magistrado describe que el agente generó “un auténtico ‘campo de minas’ alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano reciben fondos para de esa manera detectar si están siendo realmente investigados por otros grupos policiales”.

La causa se aceleró después de que las autoridades descubrieran en octubre de 2024 un cargamento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Según el recuento de Europa Press, dicho decomiso es el mayor en la historia de España y el segundo en importancia a escala europea. Los investigadores señalan directamente a Torán como la persona responsable de la importación de la droga y lo ubican como “socio e interlocutor principal” del exjefe de la UDEF.

Entre la documentación remitida a la causa, Europa Press accedió a informes que detallan que Sánchez habría estado directamente implicado en el ingreso al país de, al menos, 39 contenedores. De ese total, sólo dos fueron interceptados, aunque se estima que el volumen total de la droga movilizada a través de ellos alcanzó unas 73 toneladas de cocaína. Los registros policiales consignados por Europa Press recogen que Torán entregó a Sánchez más de 32 millones de euros como pago por estas operaciones, empleando para ello diversas maniobras para evitar el rastreo directo de las transacciones.

El proceso judicial en la Audiencia Nacional incluye a varios investigados y apunta especialmente contra empresas que, según la investigación citada por Europa Press, estarían asociadas a la organización de narcotráfico internacional. Estas personas y compañías estarían implicadas en operaciones de blanqueo y ocultamiento de capitales, bien mediante transacciones corporativas simuladas, bien utilizando criptoactivos para dificultar su trazabilidad.

El despliegue operativo de la Unidad de Asuntos Internos se centra en analizar tanto la vinculación de Sánchez y Torán como la participación de posibles colaboradores y el flujo de fondos asociados al tráfico de drogas. La investigación se apoya en atestados oficiales en los que se detallan los métodos de consulta y alerta empleados por el exjefe policial para proteger a los integrantes del grupo frente a pesquisas de otros cuerpos de seguridad. Además, los peritos policiales siguen el rastro de las sociedades pantalla utilizadas en la estructura delictiva y rastrean los activos digitales con el objetivo de identificar el destino último del dinero.

La Audiencia Nacional continuará en los próximos meses con el análisis de los atestados y de las declaraciones programadas, en un proceso que, según el medio Europa Press, podría arrojar nueva información sobre la magnitud de la red y la cantidad final de activos y bienes involucrados en la causa.