
Uno de los datos incluidos en las declaraciones ante la justicia señala que el propio Carlos Mazón, entonces expresidente de la Generalitat Valenciana, fue quien decidió prescindir de la escolta antes de acudir a pie a un restaurante el 29 de octubre de 2024. La jueza encargada de la investigación por la gestión tras la DANA ha solicitado, de forma voluntaria, al escolta asignado a Mazón aquel día que entregue la factura de teléfono en la que figure la llamada realizada a su subinspector alrededor de las 14.30 horas, con el objetivo de documentar con exactitud el momento en que se le informó de la decisión sobre la protección del exmandatario, según consignó el medio.
De acuerdo con la información reportada por la agencia, la magistrada de Catarroja busca que, por parte de la Letrada de la Administración de Justicia, quede constancia documental del horario en que el testigo realizó la comunicación a su superior. La solicitud figura en una providencia incorporada a la causa, donde se detalla el procedimiento para cotejar la información de la llamada, fundamental para precisar la cronología de los hechos durante la jornada.
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El lunes, dos de los escoltas que acompañaban a Mazón el día 29 de octubre comparecieron ante la instructora en calidad de testigos, consignó la fuente. Según la declaración de uno de ellos, Mazón se presentó en el Palau sobre las 19.50 horas y les indicó la frase: "Ahora bajo y nos vamos", antes de salir de las dependencias oficiales. Durante la mañana, luego de los actos institucionales de la jornada, los escoltas acompañaron al expresidente hasta un restaurante, El Ventorro, donde tenía programada una comida junto a la periodista Maribel Vilaplana. En ese punto, Mazón les informó que podían retirarse y se dirigió al establecimiento por su cuenta, mientras los agentes regresaron a la sede de Presidencia.
De acuerdo con el testimonio, cerca de las 19.00 o 19.15 horas, el chófer de Mazón recibió indicaciones para recogerlo y transmitió la información a los escoltas aproximadamente hacia las 19.15 o 19.20. Sin embargo, fue el propio Mazón quien regresó al Palau, mientras los escoltas arribaron para reencontrarse con él alrededor de las 19.35, antes de que el expresidente subiera nuevamente al despacho y les manifestara su intención de marcharse en conjunto.
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Posteriormente, el intervalo desde que Mazón subió hasta que descendió al vestíbulo resultó breve, y poco después, todos abandonaron el Palau, poco antes de las 20.00 horas, camino al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en l'Eliana y en funcionamiento desde las 17.00 de ese día, tal como publicó la agencia.
Otra de las declaraciones recabadas por la magistrada corroboró la secuencia de acontecimientos anteriormente descrita, asegurando que la comida prevista para el expresidente figuraba en la agenda privada desde la jornada anterior a la DANA. En ningún momento se discutió suspender el encuentro a raíz de la emergencia causada por la gota fría. Tanto el primer como el segundo escolta declararon no tener conocimiento de los motivos para la reunión de Mazón ni la elección del restaurante El Ventorro como sede del almuerzo, precisó el medio.
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Uno de los escoltas puntualizó que resultaba inusual que el entonces presidente optara por renunciar a la escolta antes de arribar al restaurante, aunque matizó que no constituía la primera vez que adoptaba una decisión similar. El medio detalló que estos datos forman parte del procedimiento mediante el cual el juzgado busca reconstruir con exactitud los movimientos y decisiones que rodearon la seguridad personal del expresidente durante la gestión de la emergencia.
La petición de la factura por parte de la jueza pretende garantizar que, mediante una diligencia de cotejo documental, se valide el momento exacto en que el subinspector recibió la comunicación del escolta sobre el cese de la protección. Según lo expuesto en los autos, este registro servirá como prueba para aclarar la secuencia temporal y delimitar responsabilidades en el contexto de la investigación, según reportó la fuente.
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La causa dirigida por la magistrada de Catarroja forma parte de las pesquisas iniciadas para analizar el manejo institucional y político tras las fuertes precipitaciones que afectaron la Comunidad Valenciana, desatando críticas sobre la toma de decisiones al más alto nivel e impulsando la comparecencia judicial de los responsables involucrados. El interés del tribunal radica en obtener elementos objetivos que permitan acreditar y ordenar los hechos conforme a las comunicaciones y actuaciones ocurridas durante el 29 de octubre.
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