
La Fiscalía, el PP y EH Bildu se oponen a la petición de los investigados por el caso del derribo del palacete protegido de Getxo (Vizcaya) de que se anulen los registros efectuados por la Ertzaintza los días 14 y 15 de enero en sus despachos y dependencias del Ayuntamiento por orden judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Los registros fueron autorizados por Neus Galobardes, magistrada en prácticas de refuerzo encargada de la investigación en los últimos meses, cuyos autos fueron recurridos por los investigados, al considerar que se habían vulnerado su pretensión de inocencia y su derecho a la intimidad, entre otros preceptos.
Ahora tendrá que decidir sobre los recursos el juez Marcos Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que ha sustituido en la instrucción a Galobardes.
Lo hará una vez analizados los informes que este lunes han presentado Fiscalía, y PP y EH Bildu, que ejercen la acusación popular, en los que rechazan que sean anulados los registros al considerar que no se han vulnerado derechos de los investigados.
La Ertzaintza está a la espera de poder acceder a la información contenida en los dispositivos teconológicos para su análisis para continuar con la investigación, que debe ser autorizada por el juez instructor.
Son un total de diez las personas investigadas en el caso del palacete Irurak Bat: tres concejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación.
Todos ellos y dos testigos, el empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y el técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE), habían sido citados a declarar el próximo día 25, pero sus comparecencias han sido pospuestas a solicitud de las defensas.
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