Suben a 14 las denuncias por el siniestro de Adamuz y siete acusaciones piden personarse

El análisis de las cajas negras recuperadas tras el accidente ferroviario de Adamuz se encuentra entre las medidas decisivas que definirán el esclarecimiento de las causas del siniestro ocurrido el 18 de enero en la provincia de Córdoba. Estos dispositivos, junto a otras pruebas recogidas en la investigación, ofrecerán información clave para comprender los factores que desencadenaron la tragedia, la cual resultó en la muerte de 46 personas y dejó más de 120 heridos. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, mantiene abiertas hasta ahora catorce acciones judiciales presentadas por las víctimas, mientras que siete acusaciones populares buscan ser admitidas formalmente en el proceso.

El medio informó que todavía no se ha tomado una decisión sobre la personación de estas siete acusaciones populares y que la instrucción permanece pendiente de la incorporación de una nueva jueza titular, cuya llegada está prevista para los próximos días. Mientras se resuelve esta cuestión, la Fiscalía ha solicitado al tribunal la realización de un informe pericial con el fin de identificar el origen del accidente ferroviario. En su petición, el Ministerio Público recomendó asignar el papel de peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aunque no descartó recurrir posteriormente a otros especialistas si los datos obtenidos en las primeras investigaciones así lo exigieran.

Como consignó el TSJA, la Fiscalía también requirió que la apertura de las cajas negras de ambos trenes siniestrados se produzca en presencia de las magistradas responsables de la investigación. Paralelamente, el primer informe preliminar elaborado por la Guardia Civil incluye un inventario de evidencias compuesto por más de dos mil quinientas fotografías obtenidas en la zona del impacto, el registro de las cajas negras y declaraciones de testigos clave, entre ellos, el maquinista del tren Iryo, varios miembros de las tripulaciones y pasajeros que viajaban en los vehículos afectados. La Guardia Civil también ha solicitado imágenes de las cámaras tanto del apeadero de Adif como de los propios trenes.

El siniestro ocurrió cuando, según recoge el medio, un tramo de vía se desprendió y provocó el descarrilamiento del Iryo a las 19:45 horas, instante en que terminó colisionando con un tren Alvia que circulaba en sentido opuesto con destino a Huelva. El segmento de vía dañado será sometido a análisis en un laboratorio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), instituyendo parte de la muestra en manos de la Guardia Civil que, en calidad de policía judicial, es la encargada de identificar posibles responsabilidades penales en este caso. Las cajas negras no sólo serán revisadas en presencia de la Guardia Civil y la CIAF, sino que constituyen un elemento fundamental para ambas investigaciones, tanto la judicial como la técnica, orientadas a determinar las causas y a prevenir futuros siniestros de este tipo.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, visitó recientemente los juzgados de Montoro para reunirse con las juezas y el personal implicado, con el objetivo de garantizar la coordinación entre la autoridad judicial y los responsables de la investigación policial. Según reportó el medio, Del Río manifestó que la coordinación con la Policía Judicial y la Guardia Civil se mantiene constante y que todas las actuaciones se desarrollan bajo estricto control y consentimiento judicial. También valoró la experiencia de las juezas actualmente al frente del caso a pesar de llevar sólo nueve meses en juzgados de alta complejidad, dada su preparación previa en la Escuela Judicial.

La previsión es que el 9 de febrero se incorporen dos nuevas juezas titulares, una de ellas correspondiente a la plaza número dos, la cual tiene la responsabilidad formal en esta instrucción. Según detalló el presidente del Tribunal, desde el inicio se solicitó que la causa sea instruida de forma conjunta por ambas juezas, lo que es posible en este tipo de tribunal colegiado de instancia. Se prevé, además, la llegada de un juez de refuerzo para colaborar de forma adicional en la plaza número dos y, de manera complementaria, dos funcionarias ya se han incorporado para impulsar la tramitación procesal del caso. El TSJA espera la asignación de un Letrado de la Administración de Justicia y otros apoyos administrativos que refuercen la capacidad operativa del juzgado.

El tribunal y el personal judicial anticipan una gran carga de trabajo debido a la necesidad de abrir expedientes separados para cada una de las víctimas y familias afectadas, así como por el volumen de investigaciones particulares que se deben atender. Según explicó Del Río, la complejidad del procedimiento radica tanto en la diversidad de partes implicadas como en la simultánea tramitación de causas de violencia de género que también corresponden a este juzgado, por lo que se ha insistido en la necesidad de múltiples refuerzos de personal.

En relación con la búsqueda de pruebas, la autoridad judicial contempla la realización de numerosas pericias y el acopio de evidencias de distinta naturaleza, lo que implica coordinar la cadena de custodia con máxima diligencia. El presidente Del Río destacó la importancia de la presencia judicial y del Letrado de la Administración de Justicia durante los peritajes y la recogida de vestigios, además de señalar que todas las hipótesis se mantienen abiertas. Según el TSJA, las investigaciones se centran tanto en las infraestructuras ferroviarias como en los vagones implicados, a la espera de los resultados de los informes periciales para orientar la averiguación de responsabilidades.

Entre las dificultades identificadas por los responsables judiciales está la posible dispersión de acciones legales, motivo por el cual se estudia la viabilidad de unificar algunas de las personaciones para facilitar el avance del proceso. Las causas pendientes y la magnitud de la tragedia justifican la urgencia con la que se están gestionando las pruebas y declaraciones de heridos y familiares, buscando que los tiempos procesales no ralenticen el deseo de esclarecer los hechos, indicó el presidente del Tribunal, citado por el medio.

La instrucción judicial continúa en curso, con el foco puesto tanto en el análisis técnico por parte de la Fiscalía y la CIAF como en el procesamiento de las acciones judiciales iniciadas por las víctimas y las acusaciones populares. Cada avance en la obtención y el examen de pruebas, subraya el TSJA, contribuirá a marcar el desarrollo de la investigación y a determinar los eventuales responsables del accidente.