La concejal de Seguridad de Vigo, tras declarar por el caso Saltamontes: "He dado las oportunas aclaraciones"

El abogado de la acusación particular, que representa a la pareja sentimental de la víctima del accidente en la atracción Saltamontes de las fiestas de Matamá, anunció tras la jornada judicial que solicitará la comparecencia de los mandos responsables de la Policía Local de Vigo para que expliquen el motivo por el cual no se impidió el funcionamiento de la atracción, pese a carecer de la preceptiva autorización municipal. Francisco Méndez Senlle, citado por el medio Europa Press, manifestó el descontento de la acusación por la ausencia de explicaciones claras de los actuales investigados sobre las actuaciones adoptadas tras dictarse la resolución municipal que denegaba la puesta en marcha del Saltamontes. Méndez Senlle afirmó que tanto Patricia Rodríguez Calviño, concejal de Seguridad, como el jefe del área municipal, Antonio V.M., no respondieron con precisión sobre si ordenaron a la Policía que precintara la atracción y se limitaron a indicar que comunicaron la falta de permiso a los agentes municipales.

De acuerdo con Europa Press, Patricia Rodríguez compareció este martes en calidad de investigada ante el tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 3, en el contexto del proceso judicial abierto por el accidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto de 2024, que provocó la muerte de un joven tras romperse uno de los brazos del Saltamontes. Al salir del juzgado, la concejal declaró ante los medios de comunicación que colaboró plenamente ante la jueza y la Fiscalía, asegurando su disposición a facilitar toda la información necesaria tanto a título personal como como representante del Ayuntamiento para el esclarecimiento de los hechos. Rodríguez insistió en que “ha contestado o dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y por la Fiscalía”, manteniendo el compromiso de continuar participando en el procedimiento judicial. No obstante, evitó especificar ante la prensa detalles sobre el contenido de sus respuestas en la sala.

Durante el interrogatorio, la magistrada planteó dudas sobre si la Policía Local de Vigo recibió instrucciones específicas para proceder al precinto de la atracción, considerando que la misma no disponía de autorización municipal, según publicó Europa Press. Rodríguez, consultada al respecto por los medios, reiteró que respondió a todas las preguntas formuladas y que desde el inicio ha procurado atender cada requerimiento. Añadió que solicita ahora respeto hacia el trabajo del tribunal y el Ministerio Fiscal, entidades responsables de esclarecer los hechos y dirimir responsabilidades.

La oposición municipal, compuesta por el Partido Popular (PP) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), impulsó en las últimas semanas la exigencia del cese tanto de Patricia Rodríguez como del jefe de Seguridad, y la apertura de una comisión de investigación sobre lo ocurrido. Europa Press informó que la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó expresamente la destitución inmediata de Rodríguez, calificando de “inaceptable” que la edila se mantenga en el cargo después de haber declarado como investigada en el juzgado. Sánchez condenó la actuación del gobierno local, considerando insostenible que Rodríguez siga gestionando un departamento clave que, a su juicio, está siendo cuestionado ante los tribunales por una gestión deficiente de un suceso calificado como trágico. Sánchez emplazó al alcalde Abel Caballero a ofrecer explicaciones públicas sobre la gestión municipal del incidente.

En la causa abierta por el accidente se encuentran, según las fuentes citadas por Europa Press, otros investigados además de Rodríguez y Antonio V.M. El dueño de la atracción, G.M.M.D.S., así como la Comisión de Fiestas y su presidente, C.G.M., figuran en la lista de personas sujetas a procedimiento. También había sido citado a comparecer el perito Antonio L.A., encargado de la inspección anual del Saltamontes, aunque finalmente no asistió a la vista debido a motivos de salud. El propietario de la atracción declaró en abril de 2025, acogiendo su derecho a no declarar, y el presidente de la Comisión de Fiestas sostuvo su inocencia y demandó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a su persona.

El siniestro se produjo la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos de la atracción Saltamontes se partió provocando la caída de Iván C.H., de 36 años, con resultado de muerte a consecuencia de las lesiones sufridas. El juzgado emprendió desde entonces diligencias para determinar las causas y eventuales responsabilidades, incluyendo la solicitud de informes municipales y la exigencia de documentación vinculada a la autorización, el control y la inspección de la atracción. Europa Press detalló que la magistrada a cargo de la instrucción requirió al Ayuntamiento información sobre la adopción de medidas para impedir la instalación y el funcionamiento del Saltamontes, si se incoaron expedientes sancionadores y si hubo orden expresa de precinto a la Policía Local, además de indagar por la inexistencia de un plan municipal de inspección de atracciones y por la prohibición de estos dispositivos en fiestas previstas para el verano de 2025.

Según puntualizó Europa Press, tres días después del accidente el gobierno local confirmó en un comunicado oficial que la atracción carecía de autorización municipal por falta de documentación, hecho que fue notificado tanto al propietario como a la Comisión de Fiestas. No obstante, la investigación trata de aclarar por qué no se materializó la prohibición ni el cese de la actividad después de dictarse la resolución negativa. La falta de respuesta concreta por parte de los responsables municipales en las comparecencias judiciales mantiene abiertas las dudas, por lo que la acusación ha formalizado la petición para interrogar directamente a los responsables de la Policía Local sobre la pasividad ante la orden de no funcionamiento del Saltamontes.

El proceso judicial continúa pendiente de la aportación de nuevos testimonios y de la entrega de informes adicionales solicitados por la instructora. Europa Press concluyó que, mientras tanto, persisten las reclamaciones desde sectores políticos y familiares de la víctima para que se depuren responsabilidades en todos los niveles administrativos implicados en la gestión del suceso.