El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, que lidera el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, ha pedido a la Comisión Europea que realice una evaluación de impacto en el espacio Schengen de la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una carta remitida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen; y al comisario Interior, Magnus Brunner, a la que ha accedido Europa Press, ECR ha alertado de que la medida "socava la credibilidad del control migratorio de la UE" y podría "desencadenar un goteo" de migración a Europa dado que "las personas regularizadas podrían acceder a la ciudadanía española y europea".
En la misiva, enviada a iniciativa de los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco --que abandonaron Se Acabó la Fiesta y se pasaron al grupo de Meloni-- ECR también ha lamentado "la falta de rigor fronterizo de España" y ha avisado que "sea cual sea el debate político interno en España", una regularización "de esta magnitud no puede tratarse como un asunto puramente doméstico".
Además, han señalado que "en un espacio Schengen sin controles fronterizos interiores" las "regularizaciones repetidas y a gran escala" provocan un "efecto llamada", minan la confianza entre los Estados miembros en materia de gestión eficaz de fronteras y migración, y dificultan "la aplicación efectiva de los retornos" y de una política de visados condicionada.
DUDAS SOBRE SI LA MEDIDA SE AJUSTA AL DERECHO DE LA UE
En este contexto, ECR ha reclamado a la Comisión que realice y publique "una evaluación formal de los efectos previsibles" de esta regularización sobre el espacio Schengen y de sus consecuencias operativas, incluido "su impacto en los movimientos secundarios, la presión sobre las fronteras exteriores, la capacidad de control y el cribado de seguridad interior".
Asimismo, el grupo de Meloni ha pedido a Bruselas que aclare si la medida anunciada por Sánchez se ajusta al Derecho de la UE y a los objetivos de la política común de retorno y readmisión, así como qué salvaguardias serían necesarias para garantizar que las regularizaciones nacionales "no socaven los objetivos europeos comunes".
Por último, el grupo conservador ha instado al Ejecutivo comunitario a reforzar "la condicionalidad y las consecuencias" de los terceros países que no cooperen en materia de readmisión "utilizando la política de visados y otros instrumentos de forma más coherente", y ha reclamado una mejor coordinación entre los Estados miembros para "prevenir efectos no deseados" en el espacio Schengen.
LA COMISIÓN LO VE UNA OPCIÓN LEGAL
Preguntado la semana pasada sobre esta regularización, el comisario de Interior Magnus Brunner dijo que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que consideró que la regularización extraordinaria es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral.
"(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España", valoró en una rueda de prensa Brunner.
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