Cerdán confirma dos reuniones con Díez pero asegura que la información ofrecida no les interesaba porque era conocida

El ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró que tras sus encuentros con la exmilitante Leire Díez, no trasladó al presidente del Gobierno detalles sobre dichos contactos, porque la información que ella aportó ya era de dominio público. En su testimonio como testigo ante el juez del caso en curso, Cerdán señaló que, al analizar el material que Díez presentó, consideró que no contenía datos novedosos ni relevantes. Según publicó Europa Press, el exdirigente del PSOE precisó que los hechos se remontan a abril de 2024, cuando asistió a dos reuniones con Díez en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz.

De acuerdo con Europa Press, Cerdán admitió estas reuniones ante el juez Arturo Zamarriego, quien investiga presuntas conductas delictivas relacionadas con la obtención y manejo de información privada. Según relató Cerdán durante su comparecencia, la exmilitante les ofreció grabaciones vinculadas con negocios de la familia de Pedro Sánchez y temas relacionados con saunas gestionadas por el suegro del presidente, los cuales, añadió, también involucraban trabajos del excomisario José Manuel Villarejo. El exlíder socialista aseguró que la oferta no generó interés en la dirección del partido nacional, ya que, para ese momento, toda esa información ya había circulado en medios y entre políticos.

El medio Europa Press detalló que Cerdán trató de evitar inicialmente su declaración apelando a que es investigado en otras causas; finalmente, acabó accediendo a responder preguntas en calidad de testigo. Durante su intervención, afirmó no recordar quién le convocó a las reuniones, aunque aclaró que estas se celebraron en un despacho cercano al suyo en la sede del PSOE. También indicó que solo tuvo comunicación con Díez durante las reuniones y en una ocasión posterior, cuando salió de prisión provisional en noviembre del año anterior, momento en que ella le realizó una llamada para preguntar por su estado.

Sobre la compensación, Cerdán negó que el PSOE nacional hubiera ofrecido algún pago a Díez por su colaboración. El ex ‘número tres’ del partido subrayó que su contacto con la exmilitante se limitó estrictamente a los días de las reuniones y a esa llamada telefónica posterior, insistiendo en que nunca la había conocido antes de estos encuentros y que las interacciones posteriores fueron casuales y sin mayor trascendencia, según reportó Europa Press.

Durante la jornada, también compareció ante el juez el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien respaldó haber sostenido una reunión con Leire Díez sobre supuestas maniobras atribuidas a lo que se conoce como ‘policía patriótica’ contra el presidente del Gobierno. Según informó Europa Press, Hernando ejercía en ese momento como director adjunto del gabinete de Presidencia. Sobre la agenda del día, se supo que las declaraciones previstas experimentaron retrasos por motivos médicos, al faltar la abogada de uno de los investigados. Hernando llegó a los juzgados alrededor de las 8:55, mientras que Cerdán se presentó sobre las 10:30.

El juez Zamarriego, responsable del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, indaga si Díez coordinó un esquema sostenido para obtener o difundir información sensible de instituciones del Estado, con el objetivo de obstaculizar investigaciones en procesos que afectan a figuras políticas y empresariales. De acuerdo con la investigación citada por Europa Press, la instrucción incluye denuncias contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, quienes podrían haber buscado información acerca de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

En su declaración ante el juez, la propia Díez admitió haber mantenido dos encuentros con Cerdán en abril de 2024, en Ferraz, señalando que asistió como periodista junto a Pérez Dolset y otros asistentes. Pérez Dolset también declaró ante el juez, confirmando su asistencia y precisando que Hernando estuvo presente en al menos una de las reuniones. Europa Press añadió que constan más reuniones relevantes para la causa, entre ellas una cita en el despacho del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, y otra en la oficina del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, sujeto también a investigación en la Audiencia Nacional.

La investigación del juzgado acumula varias denuncias a raíz de grabaciones donde se escucha a Díez conversar con empresarios inmersos en causas judiciales, con la supuesta intención de recabar información delicada sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil, y sobre el fiscal de Anticorrupción José Grinda. Además, el fiscal Stampa entregó grabaciones de su reunión con Díez, en las que, según Europa Press, la exmilitante afirmaba actuar como la “mano derecha” de Cerdán y manifestaba: “Yo traslado luego”, presentación que realizó ante Stampa, Pérez Dolset y Del Rivero.

Según informó Europa Press, la jornada de declaraciones coincidió con una decisión relevante del ámbito judicial. El magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, dispuso transferir a la Audiencia Nacional la parte del proceso que investigaba a Cerdán, al exministro José Luis Ábalos, al ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, todos implicados en presuntos amaños en licitaciones de obra pública. El auto judicial recogido por Europa Press señala que la causa, abierta desde septiembre, se centraba en el análisis de adjudicaciones supuestamente irregulares y aún se encuentra en etapas iniciales.

La transferencia se produce tras la renuncia reciente de Ábalos a su acta de diputado, lo que provocó la pérdida de su aforamiento y, en consecuencia, la competencia del Supremo para continuar con esa línea de investigación. De esta forma, el Supremo solo mantiene competencias sobre el denominado ‘caso Koldo’ en la vertiente correspondiente al juicio oral previsto para abril, que involucra posibles irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

La postura de Díez sobre las acusaciones sostiene que las conversaciones registradas que forman parte de la causa se enmarcan en una labor periodística orientada a la publicación de un libro sobre las supuestas cloacas del Estado, según reflejó Europa Press. El caso sigue en curso en los juzgados, con diversas ramas abiertas y testimonios de implicados e investigados.