El magistrado a cargo del llamado 'caso Montoro' decidió extender seis meses el tiempo de investigación adjudicado a la causa, citando como motivo principal la acumulación de escritos surgidos tras el levantamiento del secreto de las actuaciones. Según reportó Europa Press, el instructor señaló que la avalancha de nuevas presentaciones multiplicó la dificultad para tramitar diligencias y deja, por el momento, en suspenso la fijación de fechas para tomar declaraciones a los investigados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona emitió una providencia mediante la cual requiere a la Policía Judicial recopilar una amplia gama de documentación vinculada a los protagonistas de la trama investigada. De acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, el juez ordenó reunir hojas registrales, memorias y cuentas anuales de la consultora Equipo Económico —identificada como núcleo de la presunta red de favorecimientos fiscales a compañías, en especial del sector gasístico—, así como de otras entidades como Montoro y Asociados. Según publicó Europa Press, también se solicita recoger los registros mercantiles y la documentación sobre constitución, titularidad real, adquisición y transmisión de participaciones sociales, y datos sobre la administración de hasta trece sociedades distintas.
Entre los requerimientos del juez figura la petición de escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de algunos de los investigados, incluido el propio exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, además de varios integrantes del despacho Equipo Económico, tal como consignó Europa Press. La instrucción judicial también contempla la recopilación de las hojas registrales de ocho empresas del ramo gasístico incluidas en la investigación.
Desde hace siete años, la causa se mantuvo bajo secreto, lo que generó una acumulación de pruebas y escritos procesales que retardaron el avance del procedimiento. Según documentó Europa Press, el instructor de la causa está al frente de una indagatoria por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El auto judicial describe la investigación como “sumamente compleja”, remarcando la supuesta existencia de una red tejida en torno a la consultora Equipo Económico. Según el juez, dicha consultora habría participado, mediante contraprestación económica, en la elaboración de reformas legislativas a medida de los intereses de su clientela. Europa Press detalló que el órgano judicial considera que aún no se cumple la instrucción plena para todas las partes, justificando con ello la postergación de las comparecencias.
El levantamiento del secreto procesal desencadenó la presentación masiva de escritos, lo que —según queda recogido en el auto difundido por Europa Press— dificultó la tramitación de las diligencias ya en marcha y llevó a la decisión de prorrogar la instrucción durante seis meses adicionales.
La investigación se centra en el análisis de la relación entre la consultora Equipo Económico —cofundada por Montoro— y empresas, en particular firmas del sector energético, que presuntamente habrían recibido trato favorable a través de la intervención legislativa durante el periodo en que Montoro dirigía el Ministerio de Hacienda. Tal como consignó Europa Press, las diligencias en curso buscan determinar el alcance de la influencia ejercida, así como la posible existencia de ventajas indebidas obtenidas a cambio de contraprestaciones económicas.
La instrucción del caso no solo abarca la revisión de documentos contables y societarios, sino que también solicita información sobre la administración de las entidades investigadas. Europa Press informó que el requerimiento involucra a una serie de sociedades y empresas relacionadas tanto con los implicados directos como con la presunta trama de favores fiscales.
Entre las cuestiones aún pendientes en el proceso figura la resolución de las peticiones de las partes y la concreción de las fechas para tomar declaración a los investigados, pasos que, según el auto judicial citado por Europa Press, dependen de que todas las partes obtengan acceso pleno a la documentación y avancen en la instrucción.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la amplitud del caso y las ramificaciones societarias han prolongado los plazos procesales, reflejando la complejidad estructural de los hechos investigados y la envergadura del entramado empresarial examinado en el marco del ‘caso Montoro’.
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