Los demandantes recurrirán el archivo por Fiscalía de la denuncia por torturas en Vía Laietana

Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, destacó el hallazgo de expedientes que involucraban a personas que participaron en movimientos sociales y que hoy no pueden brindar su testimonio, contexto que se refleja en la complejidad de la investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra durante el franquismo en la comisaría de Vía Laietana, Barcelona. Según consignó el medio, tras la petición de la Fiscalía de archivar la causa por no identificar a los autores, Irídia anunció la presentación formal de un recurso ante el juzgado que asuma la instrucción del caso. Olivella subrayó que existen pruebas documentales relevantes y detalladas que, a su juicio, permiten identificar responsables, según informó la propia coordinadora a los medios.

De acuerdo con lo publicado, la decisión de la Fiscalía se basa principalmente en la supuesta imposibilidad de identificar a los responsables directos de las agresiones, aun cuando, tal como se desprende del decreto, el Ministerio Público reconoció la existencia de violencia física y psíquica ejercida por agentes de la Brigada Político Social contra Blanca Serra y su hermana Eva. La detención de ambas se relacionó exclusivamente con su actividad política de oposición a la dictadura, con el objetivo de obtener confesiones e información, lo que les provocó consecuencias traumáticas. A pesar del reconocimiento de estos hechos, la Fiscalía solicitó al juez el archivo del caso al no poder identificar a los autores.

Según detalló el medio, Olivella lamentó que, pese a los intentos de la fiscal por recabar diligencias policiales relativas a las detenciones, registros y declaraciones de las víctimas, existen documentos que no se han podido consultar, ya sea por destrucción o porque no fueron entregados. No obstante, señaló que los documentos a los que se tuvo acceso contienen información sobre agentes y sobre la estructura interna de las comisarías, con firmas y nombres concretos de policías implicados en los procedimientos. Olivella afirmó ante los medios que, en su opinión, no se realizaron las gestiones necesarias para identificar a los responsables y consideró que existió falta de voluntad política para avanzar en la investigación.

El medio reseñó que la coordinadora de litigios calificó de contradictorio que, con toda la información recolectada, la Fiscalía pidiera archivar el caso. Además, Olivella expresó su preocupación ante la escasez de recursos institucionales efectivos para romper con una tradición de impunidad en torno a los crímenes del franquismo, enfatizando que la Fiscalía de Memoria Democrática, constituida con ese objetivo, no habría cumplido adecuadamente esa función en este caso.

En relación a los próximos pasos, Irídia planea valorar todos los expedientes recopilados y analizarlos detalladamente con Blanca Serra para definir la estrategia judicial a seguir, según reportó la plataforma de defensa de derechos humanos. Olivella explicó que Serra, quien no pudo declarar directamente ante los medios por motivos de salud, mantiene su convicción sobre la necesidad de exigir justicia y reparación, así como la identificación individual de los responsables de las torturas.

La resolución representa el primer reconocimiento judicial de torturas en Vía Laietana durante el franquismo y la transición, lo que según Olivella constituye un acontecimiento sin precedentes. La investigación, señaló, marca un avance al haberse tomado declaración a la víctima, pero expone también las dificultades de acceso a los archivos oficiales. La coordinadora habló sobre el desafío que enfrentan las víctimas para obtener información acerca de sus propios casos si no media una investigación penal, y apuntó que habitualmente los jueces optan por archivar procedimientos relacionados.

El medio recogió las declaraciones de la comisionada internacional y legal de Òmnium Cultural, Elena Jiménez, quien manifestó su desacuerdo con la decisión fiscal, argumentando que la labor del órgano, establecido por la Ley de Memoria, tendría como finalidad proteger los derechos de las víctimas y acompañarlas en el proceso de reparación, pero observa que el combate a los crímenes del franquismo enfrenta límites marcados dentro del Estado español. Jiménez sostuvo que la identificación de los responsables de torturas depende del acceso a archivos históricos actualmente bajo custodia policial, una situación que, a su juicio, dificulta las investigaciones. Solicitó que la Jefatura Provincial de Vía Laietana se transforme en un espacio dedicado a la memoria democrática y deje de alojar presencia policial.

Así, la causa sobre las torturas documentadas en Vía Laietana vuelve al debate judicial mediante el recurso de Irídia, mientras organizaciones y víctimas esperan avanzar en la verdad y la reparación, con la expectativa de que las instituciones permitan un acceso real a los archivos y una indagación efectiva sobre los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.