El exjefe de gabinete de Ribera reconoce que se reunió con Koldo, aunque no por la trama de hidrocarburos

Marc Pons, exjefe de gabinete en el Ministerio para la Transición Ecológica y actual diputado del PSOE en el Parlamento de Baleares, sostuvo ante el juez que no formó parte ni influyó en los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel, situada en el epicentro de la investigación sobre supuestas irregularidades en el sector energético. Según consignó Europa Press, Pons subrayó que ni él ni la compañía recibieron trato de favor en los ministerios implicados y que la resolución de la licencia se produjo por vía ordinaria en 2022, más de un año después de ocurridas las presuntas presiones reportadas en la causa.

De acuerdo con lo expuesto por fuentes jurídicas a Europa Press, Marc Pons compareció como testigo frente al magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, donde admitió reunirse en cuatro o cinco ocasiones con Koldo García, exasesor ministerial, así como haber compartido una reunión con la exministra Teresa Ribera, el propio Koldo García y José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Pons explicó que una de las reuniones surgió tras una petición concreta de Koldo García, quien le solicitó 15 segundos para entregarle unos documentos, aunque aseguró que en ese encuentro no trataron el asunto de la licencia solicitada por Villafuel ni aspectos relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

La información recabada por Europa Press señala que en uno de los informes recientes aportados al sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejó una conversación entre Pons y García: “Muy buenas, ¿te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud?”, fue el mensaje remitido por García a Pons el 8 de julio de 2021. Según la UCO, esto ocurrió tres meses después de que García ya hubiese enviado a Pons una fotografía del recibo de registro electrónico correspondiente a la solicitud de Villafuel. Además, en febrero de 2021, García remitió a Pons una imagen desde su teléfono que incluía datos sobre el expediente de la empresa.

En su declaración, Marc Pons indicó que el envío de la foto probablemente sucedió después de la mencionada reunión, e informó ante el juez que no formó parte de la tramitación de la licencia ni percibió ningún tipo de dádiva. Sostuvo ante la Audiencia Nacional que Villafuel tampoco recibió ningún favor especial por parte de los ministerios relacionados y remarcó, como recogen fuentes jurídicas citadas por Europa Press, que la concesión de la autorización se resolvió mediante los cauces habituales y sin intervenciones externas. Precisó también que no se encontraba en funciones en el Ministerio al momento de la primera solicitud de licencia de Villafuel y que ya había cesado como jefe de gabinete cuando se gestionó la segunda petición y se resolvió el expediente, entre julio y septiembre de 2022.

Durante la sesión judicial también estaba prevista la declaración de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, como testigo, pero no pudo asistir por motivos logísticos y su intervención tendrá lugar en una fecha posterior. Por otro lado, el empresario Claudio Rivas, quien junto al empresario Víctor de Aldama figura como presunto cabecilla de la trama según la UCO, optó por no declarar hasta que hayan comparecido otros imputados. Según el mismo medio, el juez Pedraz planea escuchar a Víctor de Aldama como investigado en la próxima jornada, y después a Carmen Pano —quien ha manifestado haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz— y a su hija Leonor González. Además, el magistrado tomará declaración a Manuel García, director general de Política Energética y Minas; a Manuel Salles, administrador de empresa; y a Álvaro Gallego, quien podría mantener relación con la retirada en efectivo de 108.500 euros, conforme indicaron las pesquisas de la Guardia Civil.

El último informe de la UCO, citado por Europa Press, detalla que la presunta trama de hidrocarburos no solo habría conseguido una posición de influencia en el Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, sino también en los departamentos de Industria, Comercio y Turismo, así como en Transición Ecológica y Reto Demográfico, bajo la gestión de Maroto y Ribera, respectivamente. Este acceso, según el informe, se habría materializado a través de Aldama, quien contaba con “acceso al entorno” de Ábalos y tenía como objetivo influir en la decisión administrativa que permitiría a Villafuel operar en el mercado mayorista, a pesar de que, según los investigadores, incumplía requisitos legales.

El texto de la UCO añade que Aldama y Rivas “ostentaban la decisión, el control y la coordinación” de las diversas estructuras bajo sospecha, y que la trama habría invertido un millón de euros para obtener influencia sobre intermediarios, el exministro Ábalos y Koldo García. Además, la Guardia Civil sostiene que el grupo constituyó “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de hidrocarburos”, actuando mediante una red de empresas encabezadas por Villafuel y otras del mismo rubro. Paralelamente, estas estructuras habrían operado mercantiles orientadas al blanqueo de capitales obtenidos de dichas actividades ilícitas.

La UCO traza el inicio de las operaciones investigadas en 2020, cuando integrantes del entorno de la supuesta organización habrían solicitado a Aldama la activación de su red de contactos para que intercediera, principalmente ante miembros del Ministerio de Transportes, con el fin de facilitar la obtención de la licencia por parte de Villafuel. Según las pesquisas, la intención era sortear los requisitos legales vigentes a cambio de compensaciones económicas, involucrando a altos cargos y asesores ministeriales en una red de presuntas injerencias que será desgranada en las siguientes fases del proceso, según el calendario judicial comunicado por Europa Press.