El BOE publica las ayudas para 210 víctimas de Adamuz y Gelida con 14 categorías: de 2.404 a 84.141 euros

El número total de personas consideradas víctimas por los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida asciende a 210, una cifra que refleja el alcance de ambos siniestros ocurridos en enero de 2026, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). El mismo documento oficial detalla que estas personas recibirán ayudas económicas clasificadas en 14 categorías, cuyas cuantías oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, como parte de un régimen excepcional aprobado por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo informado por el BOE, estas compensaciones adoptan la forma de anticipos de la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil, lo cual facilita un acceso más rápido al apoyo económico para los afectados y las familias de las víctimas mortales. En el caso de los familiares de quienes fallecieron en los accidentes, la cantidad establecida se sitúa en 72.121,46 euros. Para las personas que sufrieron lesiones, el Real Decreto Ley establece las 14 categorías previstas en el baremo anexo al Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros de 1989. Cada categoría determina una cuantía específica, desde la más alta, con 84.141,7 euros, hasta la menor, fijada en 2.404,04 euros. El resto de las categorías intermedias asignan cantidades decrecientes, ajustadas a la gravedad de las lesiones, según reza el documento publicado.

Estas ayudas no tienen carácter de reembolsables y no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El BOE subraya que, en los supuestos en que la suma anticipada resulte superior a la que se fije finalmente como indemnización, los beneficiarios no estarán obligados a reintegrar la diferencia. Por el contrario, si la cantidad finalmente reconocida supera el anticipo, los afectados percibirán el importe adicional correspondiente.

El Real Decreto Ley también incluye la opción de que el Estado asuma, si así lo solicita el beneficiario, la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones concedidas, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. El texto indica que la percepción de estas ayudas no impide que los pasajeros de los trenes accidentados accedan a otros tipos de compensaciones e indemnizaciones, como las relativas a asistencia en caso de necesidades de alojamiento o transporte, daños materiales sobre equipaje o pérdida de bultos, además de las previstas por pérdida de animales y otras contingencias, que se regirán por la normativa vigente en el sector ferroviario.

En relación con los hechos, el BOE recoge que el primer accidente ocurrió el 18 de enero de 2026, a las 19:43, en la localidad de Adamuz, Córdoba, sobre una línea de alta velocidad, involucrando a dos trenes: el Alvia Renfe 2384, que prestaba servicio entre Madrid y Huelva, y el Iryo 6189, cuyos destinos eran Málaga y Madrid. Según se destaca en el Real Decreto, este suceso constituye el primer choque entre dos trenes de alta velocidad en la historia ferroviaria española y se sitúa solo por detrás del accidente de Angrois, en Santiago de Compostela en 2013, en cuanto a gravedad. El documento precisa que el accidente en Adamuz afectó directamente a 527 personas, provocando 45 fallecidos y 123 heridos. Además del impacto humano, el accidente dejó consecuencias importantes sobre la infraestructura ferroviaria, obligando a suspender el servicio en la línea y agravando las repercusiones sociales y económicas.

Respecto al procedimiento para acceder a las indemnizaciones, el Real Decreto Ley exige que los familiares de personas fallecidas presenten el certificado de defunción, mientras que los heridos deberán aportar los informes médicos pertinentes. Asimismo, la normativa detalla que se habilitarán oficinas de atención integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas correspondientes, dirigidas a facilitar tanto la solicitud como la tramitación de las ayudas a los afectados o a sus familiares.

El segundo siniestro relevante se produjo el 20 de enero, poco después de las 21:23, en Gelida, Barcelona, en la línea R4 de Rodalies. En este caso, un tren que se dirigía a Manresa colisionó con un muro de contención caído sobre la vía, resultado de un intenso temporal de lluvias. De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el BOE, el accidente de Gelida dejó un saldo de una víctima mortal y 41 heridos. El servicio de Rodalies permaneció suspendido durante dos días, y el restablecimiento completo de la línea aún requiere tiempo, lo que ha generado inconvenientes continuados para los usuarios y afecta a la actividad socioeconómica local.

El texto del BOE resalta que, tras ambos accidentes, la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, y efectivos y voluntarios de protección civil resultó determinante para la gestión de la emergencia y la atención inicial a los afectados. Además, el Real Decreto Ley reconoce la implicación de los habitantes de Adamuz, quienes colaboraron de forma activa en la respuesta ciudadana tras los hechos.

Según publicó el BOE, la administración subraya que la celeridad en la activación de las ayudas económicas responde al objetivo de actuar de forma inmediata y efectiva frente a situaciones de emergencia, favoreciendo así la cohesión social y la percepción de una respuesta institucional ágil. Añade que la puesta en marcha de estas compensaciones refuerza el apoyo a las víctimas y a sus familiares, y sostiene la compatibilidad de estas ayudas con otras posibles subvenciones, como las previstas en los contratos de seguros de responsabilidad civil de las empresas operadoras, administradores de infraestructuras u otras administraciones, así como de las pólizas contratadas por las propias víctimas.

El Real Decreto Ley se encuentra en vigor desde su publicación en el BOE y establece el procedimiento detallado para la solicitud de las ayudas, al tiempo que clarifica su compatibilidad con otros mecanismos de indemnización ya previstos por la normativa sectorial aplicable. De esta forma, según remarca el BOE, el Estado trata de asegurar que la totalidad de las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida disponga de acceso rápido y sin trabas a las compensaciones económicas aprobadas por el Gobierno.