Una asociación denuncia a directivos de Adif y Aesf y Manos Limpias se persona

En agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) envió una comunicación formal a los responsables de Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), advirtiendo del deterioro de la red de Alta Velocidad, y solicitando la reducción inmediata de la velocidad máxima en determinadas líneas. Según informó Europa Press, esta advertencia llegó meses antes del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en las cercanías de Adamuz (Córdoba), que ha dejado hasta el momento 41 fallecidos y 152 personas heridas. La Asociación Liberum ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Montoro, que investiga el siniestro, implicando a altos directivos de Adif y Aesf por presuntas omisiones graves en materia de seguridad ferroviaria.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la denuncia de Liberum se dirige en particular contra dos responsables de Adif y uno de la Aesf, así como cualquier otra persona cuya responsabilidad penal pudiera derivarse de la investigación. El documento expone la posibilidad de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, además de un delito contra los derechos de los trabajadores. Europa Press detalló que estos hechos estarían vinculados no solo al accidente en sí, sino también a la ausencia de respuestas y acciones tras conocer los riesgos que previamente habían señalado los trabajadores del sector.

La comunicación de agosto de 2025 de Semaf, a la que accedió Europa Press, alertaba sobre el estado deficiente de varias líneas de Alta Velocidad, identificando problemas como baches, garrotes y descompensación en la catenaria. Esta situación habría generado una degradación acelerada del material rodante y una mayor frecuencia de averías, según el sindicato. Semaf aseguró que sus afiliados reportaban de forma diaria estos incidentes a los responsables de Circulación de Adif, sin observar una respuesta efectiva que mitigara los riesgos señalados.

Ante la gravedad de la situación, Semaf sugirió reducir la velocidad máxima a 250 kilómetros por hora en las líneas afectadas, recomendación que, según indica la denuncia de Liberum basada en documentos a los que tuvo acceso Europa Press, no fue implementada. Tampoco se pusieron en marcha intervenciones urgentes de mantenimiento en los tramos identificados como peligrosos. Liberum sostiene que los directivos denunciados incumplieron su deber de garantizar la seguridad, manteniendo un escenario de alto riesgo a pesar de las comunicaciones formales recibidas.

Según el escrito presentado por Liberum, el accidente de Adamuz se habría producido justamente como consecuencia de este incumplimiento. La asociación considera que la omisión de medidas preventivas por parte de los responsables fue el origen o, al menos, un factor clave en la gravedad del siniestro y sus repercusiones, que dejaron numerosos fallecidos, heridos y daños materiales importantes.

Liberum argumenta que la conducta imputada a los gestores de Adif y Aesf podría constituir un delito de homicidio imprudente por cada una de las víctimas mortales y de lesiones por imprudencia grave para los afectados que sobrevivieron, conforme recoge la legislación penal. Alude también a un delito contra los derechos de los trabajadores, considerando que la falta de acciones para mejorar las condiciones de seguridad habría puesto en peligro la vida y la integridad física de los empleados, especialmente los maquinistas.

La denuncia subraya que la responsabilidad de los directivos deriva tanto de los cargos que ostentan como de haber recibido una advertencia expresa y detallada sobre los riesgos mediante la comunicación de Semaf. Liberum señala que la posición de garante que corresponde a estos máximos responsables les imponía el deber jurídico específico de actuar para evitar situaciones de peligro en la circulación ferroviaria.

Con el objetivo de avanzar en la investigación, la asociación solicita al juzgado varias diligencias. Europa Press informó que entre las peticiones de Liberum figura citar al secretario del Área Técnica de Semaf para ratificar el contenido del escrito enviado en agosto de 2025 y que los directivos denunciados presten declaración como investigados. También pide que Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria aporten a la causa toda la documentación relacionada con la comunicación de Semaf, informes, resoluciones y cualquier actuación interna realizada o no tras el escrito. Además, demanda que Adif entregue los partes de incidencias y comunicaciones internas relacionados con las deficiencias en las líneas 010, 030, 040 y 050 en los seis meses previos al siniestro.

Liberum igualmente solicita que se designe a un perito judicial independiente, especializado en infraestructuras ferroviarias, para valorar el estado de las vías en el tramo donde tuvo lugar el accidente y su posible relación con las advertencias previas de Semaf. Estas medidas, indica la asociación en su escrito recogido por Europa Press, buscan constatar los hechos denunciados y determinar la existencia de una relación causal entre las presuntas omisiones y el siniestro.

En el mismo contexto, el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias ha solicitado personarse como acusación popular en la causa, según informó Europa Press. Manos Limpias sostiene que no resulta necesario presentar querella formal dada la fase actual del proceso, amparándose en la jurisprudencia existente. Este colectivo también solicita a la autoridad judicial que se adopten medidas urgentes de conservación de pruebas, como el análisis detallado de las vías y la grabación en vídeo de su estado antes de reanudar el tráfico ferroviario, así como la custodia de los vagones implicados en el siniestro.

Ambas entidades reclaman que el juzgado practique cuantas diligencias resulten pertinentes para esclarecer las responsabilidades penales derivadas del accidente y que se tomen medidas para garantizar la conservación de posibles pruebas durante el desarrollo de la instrucción judicial. Según consignó Europa Press, las peticiones ponen el foco en la actuación previa y posterior de los responsables, que habrían desestimado advertencias directas sobre riesgos en la infraestructura y funcionamiento de la red ferroviaria.