El Supremo revisa mañana si Ábalos y Koldo siguen en prisión mientras esperan el juicio de las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han alegado que la prisión preventiva ordenada por el juez instructor del caso relacionado con la compra irregular de mascarillas carece de fundamentos sólidos y que su propósito aparente es presionarlos para que colaboren judicialmente, según informa Europa Press. Ambos han recurrido la decisión adoptada el 27 de noviembre por el magistrado Leopoldo Puente, quien determinó el ingreso en prisión provisional sin fianza para ambos, justificando la medida con un “riesgo extremo” de fuga debido a la proximidad del juicio, cuya fecha aún no se ha fijado pero se prevé en los próximos meses.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo evaluará este jueves los recursos presentados por la defensa de Ábalos y García, en dos vistas orales separadas; la primera, referida al exministro, a las 10:30 horas, y la segunda, media hora después para el caso de su exasesor, según publicó Europa Press. El recurso presentado por la defensa de Ábalos sostiene que la privación de libertad carece de justificación objetiva, insiste en que no existe un riesgo real de fuga y califica la medida como un “uso irrazonable del derecho”, señalando que la decisión judicial se basó en argumentos “vagos” y en excusas procesales. La defensa argumenta que la prisión provisional debería aplicarse solo en circunstancias excepcionales, y reclama que se analicen alternativas menos restrictivas, tal como establece la Constitución. El equipo jurídico señala que Ábalos cuenta con arraigo laboral, familiar y social, tiene residencia fija en España y una vida personal conocida, factores que, en su opinión, contraponen cualquier riesgo de fuga. En el recurso también se apunta que el exministro tiene un hijo menor bajo su cargo durante los fines de semana.

En cuanto a su representación legal durante la vista, Ábalos estará asistido por dos abogados distintos: su anterior letrado, Carlos Bautista, y su nuevo abogado, Marino Turiel, de acuerdo a la exigencia del magistrado instructor, salvo que se solicite la suspensión de la audiencia, según detalló Europa Press. La defensa mantiene que la adopción de la prisión preventiva se utilizó como herramienta para lograr una declaración como la que ofreció el empresario Víctor de Aldama, el tercer procesado por las mascarillas, tras su paso por prisión, y alega que la medida solo cumple el objetivo de presionar en el proceso judicial sin justificación suficiente de las causas habituales de la prisión preventiva: riesgo de fuga, destrucción de pruebas u obstaculización de la Justicia.

En el caso de Koldo García, su defensa también reclama la libertad y ha propuesto el pago de una fianza. Los abogados consideran que el juez instructor asumió, sin verificación suficiente, las conclusiones de la acusación respecto al presunto incremento patrimonial del exasesor, el cual, aseguran, estaría justificado por sus ingresos y ahorros legales. En el recurso de García, citado por Europa Press, se afirma que todas las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas, por lo que no existiría peligro de manipulación de evidencias ni posibilidad de reincidencia, dado que los hechos investigados están ligados a su antiguo puesto de asesor, responsabilidad de la que ya ha quedado apartado.

La defensa de García añade que el magistrado instructor mencionó una supuesta suma de dinero importante que no ha sido localizada, pese a que, según señalan, existe evidencia del reembolso de gastos a la Secretaría de Organización del PSOE por valor de 127.000 euros en los años relevantes. De acuerdo con el recurso presentado, dos testigos confirmaron que García era el encargado del manejo de ese efectivo proveniente del partido, lo que, según la defensa, acredita el origen lícito de dicho dinero. La acusación de que el empresario Aldama entregaba 10.000 euros mensuales a García no contaría, según la defensa, con sustento patrimonial ni más respaldo que la mera declaración del propio Aldama.

En el documento enviado al Tribunal Supremo, García también explica que adelantaba gastos personales al exministro Ábalos, los cuales posteriormente eran compensados mediante transferencias bancarias o entregas en efectivo a través de diferentes sobres, separados según el propósito: Ministerio, partido o gastos personales de Ábalos. El recurso detalla que el desembolso económico propio tanto de García como de su expareja, también investigada, ascendió a 98.421 euros, importe que consideran íntegramente justificado con ingresos y ahorros legales. El resto de los fondos, según su versión, quedarían amparados por la deuda legalmente adquirida.

Sobre su situación personal y familiar, García destaca su fuerte arraigo: convive con su hija menor, de cinco años, y cuida de su madre, una mujer viuda de ochenta y seis años con una discapacidad que requiere atención constante. Estas circunstancias, argumenta la defensa, disminuyen notablemente el riesgo de fuga y no habrían sido valoradas adecuadamente por el juez instructor, según reportó Europa Press.

El proceso judicial enfrenta a los encausados a peticiones de pena elevadas. El Ministerio Público solicita veinticuatro años de prisión para Ábalos, diecinueve años y medio para García y siete años para Aldama. Las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular demandan treinta años de prisión tanto para Ábalos como para García, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que la Fiscalía, según reiteró Europa Press.

A la espera de la decisión de la Sala de lo Penal, tanto Ábalos como García mantienen que las medidas adoptadas en su contra vulneran sus derechos y no se sustentan en pruebas suficientes que avalen su mantenimiento en prisión antes del juicio, que todavía no tiene fecha fijada, aunque se estima que pueda celebrarse en los próximos meses.