Madrid, 13 ene (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que crea la autoridad para la recuperación y resolución de aseguradoras, que será la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el anteproyecto traslada al ordenamiento español la directiva europea de 2024 que establece un marco para la recuperación y la resolución de empresas de seguros y reaseguros.
Con la futura ley, el Gobierno pretende reforzar y dar seguridad al sector de los seguros ante situaciones críticas.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones será la autoridad de resolución y quedará separada funcional y orgánicamente de la de supervisión, aunque ambas estén en la misma dirección.
El Ministerio de Economía será el competente para acordar la apertura del procedimiento de resolución y determinar los instrumentos a aplicar, correspondiendo a la autoridad de resolución la aplicación de las medidas.
El anteproyecto de ley crea también un procedimiento de financiación mixto, con financiación 'ex ante' (utilizando el fondo de liquidación del Consorcio de Compensación de Seguros, destinado prioritariamente a cubrir a los asegurados y beneficiarios y a financiar costes de resolución) y un mecanismo 'ex post' en caso de ser necesario.
Este último se financiará mediante contribuciones posteriores de las aseguradoras, destinadas a compensar al accionista y a acreedores distintos de los asegurados que queden en peor situación que en una liquidación ordinaria.
Además, la Dirección General de Seguros, en su función como supervisora, determinará las entidades que tendrán la obligación de elaborar planes preventivos de recuperación.
Las entidades obligadas a elaborar esos planes serán aquellas que representen al menos el 60 % del mercado nacional de seguros de vida y no vida.
La Dirección General de Seguros evaluará los planes, exigirá su revisión cuando detecte deficiencias y requerirá la activación de las medidas correctoras cuando los indicadores superen ciertos umbrales.
Con esa planificación, se busca que la autoridad esté preparada para gestionar la inviabilidad de una aseguradora, determinando, antes de que produzca, la estrategia de resolución más adecuada.
La Dirección General de Seguros, como autoridad de resolución, elaborará los planes para para la entidades de mayor tamaño que representen al menos el 40 % del mercado nacional, así como los de aquellas cuya resolución considere de interés público o desempeñen funciones esenciales para la economía.
El objetivo de la resolución es garantizar una solución para las aseguradoras inviables, protegiendo a los asegurados sin que se produzca una merma en la estabilidad financiera y sin la aportación de ayudas públicas extraordinarias, evitando que sean rescatadas con dinero de los contribuyentes.
La resolución sólo se aplicará si la entidad es inviable o probablemente inviable, si no hay alternativas de recuperación viables o si es necesaria para el interés público.
El anteproyecto establece cinco instrumentos de resolución: extinción-liquidación en situación de solvencia, venta del negocio, entidad puente que facilite la resolución ordenada, segregación de activos y pasivos, y amortización o conversión de pasivos.
La Dirección General de Seguros, en caso de resolución, tendrá competencias para ejercer el control de la entidad.
El anteproyecto también establece principios para la toma de decisiones conjuntas en grupos con entidades en varios estados miembros, mediante colegios de autoridades de resolución que coordinen planes, estrategias y financiación.
Además, el anteproyecto establece un régimen sancionador, con infracciones muy graves, graves y leves para personas físicas y jurídicas, incluyendo a administradores y titulares de participaciones significativas.
Las sanciones van desde multas a la suspensión o revocación de autorizaciones, inhabilitaciones y amonestaciones públicas. EFECOM
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