El Supremo da cinco días para que Ábalos y Koldo presten fianza de 60.000 euros antes del juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo notificó este lunes a José Luis Ábalos y a Koldo García en la prisión madrileña de Soto del Real que deberán presentar una fianza de 60.000 euros cada uno para asegurar posibles responsabilidades económicas por el proceso judicial al que se enfrentan. Según informó Europa Press, el alto tribunal estableció un plazo de cinco días para efectuar este depósito, el cual podrá realizarse en cualquiera de las modalidades admitidas por la ley. Este requerimiento se vincula al proceso por presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

El medio Europa Press detalló que, junto a la notificación del requerimiento de fianza, el Supremo remitió a ambos procesados el auto de apertura de juicio oral, así como las solicitudes presentadas por la Fiscalía y las acusaciones populares para el desarrollo de la vista judicial. Tanto Ábalos como García se encuentran en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, y la resolución del alto tribunal subraya que, en caso de no abonar la cantidad exigida, se procederá al embargo de bienes de su propiedad hasta cubrir la suma reclamada. Si alguno de los implicados no cuenta con activos suficientes, deberá acreditar formalmente su insolvencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fiscalía ha solicitado penas de 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García. Para Víctor de Aldama, empresario implicado en la causa y señalado como presunto intermediario en la operación de compra de mascarillas, el Ministerio Público solicita una condena de siete años de privación de libertad. Las acusaciones populares, que encabeza el Partido Popular, han elevado la petición hasta los 30 años de cárcel tanto para Ábalos como para García y han equiparado su petición para el empresario Aldama con la de la Fiscalía.

Europa Press precisa que las exigencias del tribunal buscan garantizar el resarcimiento potencial de posibles daños económicos tras la conclusión del proceso penal, cuya celebración está prevista para los próximos meses. Por solicitud de las acusaciones y el Ministerio Público, el tribunal decidió fijar la cantidad de la fianza y determinar la modalidad de embargo en caso de impago para cubrir posibles indemnizaciones derivadas de una eventual sentencia condenatoria.

En los escritos de defensa remitidos al Tribunal Supremo, tanto José Luis Ábalos como Koldo García han sostenido que son inocentes de las acusaciones que motivan el juicio. Ambos rechazan haber cometido delitos relacionados con la denominada "trama de las mascarillas" y recalcan que afrontarán el proceso convencidos de demostrar la legalidad de sus actuaciones. Víctor de Aldama comparecerá junto a ellos en el banquillo al ser considerado uno de los protagonistas de la red, conocida mediáticamente como el 'caso Koldo'.

La causa gira en torno a la gestión de contratos para el suministro de mascarillas y otra material de protección durante la fase más crítica de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. La investigación, según Europa Press, se centra en posibles anomalías relacionadas con sobrecostes, adjudicaciones irregulares y presuntas comisiones ilícitas, las cuales habrían supuesto un perjuicio a las arcas públicas en beneficio de personas situadas en el entorno inmediato del exministro Ábalos.

El proceso judicial, aún sin una fecha definitiva para la vista oral, se encuentra en una fase determinante después de que el Supremo haya dictado la apertura de juicio y formalizado el requerimiento patrimonial para los acusados. A partir de esta decisión, la atención se dirige a la preparación de las defensas y a la acreditación o refutación de las presuntas prácticas ilícitas investigadas durante la pandemia, un asunto que ha generado atención en el debate público y en el ámbito político nacional.

Europa Press subraya que las cifras solicitadas y la magnitud de las penas propuestas dan cuenta de la gravedad de las acusaciones. El tribunal mantiene a los acusados privados de libertad de manera preventiva mientras se sustancia el procedimiento, dada la naturaleza de los delitos imputados y el riesgo de fuga o destrucción de pruebas que consideraron las autoridades judiciales en su momento.

Desde que se iniciaron las diligencias por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas, el caso ha conectado la acción administrativa en el ámbito de la sanidad pública durante la emergencia con la responsabilidad penal de exautoridades y asesores ministeriales. Las acusaciones, tanto públicas como privadas, centran su estrategia en demostrar la participación directa y conocimiento de los implicados, particularmente en lo que respecta al reparto de comisiones y la formalización de contratos considerados irregulares.

La defensa de los procesados, por su parte, sostiene la ausencia de pruebas concluyentes y la regularidad de los procedimientos seguidos en la contratación de material sanitario. Niegan cualquier vínculo con prácticas de corrupción o beneficio ilícito derivado de la emergencia.

Mientras se tramitan los preparativos para el juicio, el requerimiento de fianza estipulado por el Supremo representa uno de los últimos pasos antes de la celebración de la vista, donde se prevé el examen de la legalidad de las actuaciones, la participación concreta de cada acusado, y la posible responsabilidad civil derivada de los hechos investigados. Según Europa Press, el futuro procesal de Ábalos, García y Aldama dependerá de lo que se determine en las próximas fases del proceso y del resultado de las valoraciones judiciales ante las pruebas presentadas por las partes.