El PP cree que la confesión de Aldama confirma que el Govern de Armengol enriqueció a la trama de Ábalos y Koldo

Según el coordinador general del Partido Popular y portavoz de esta formación en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, la declaración judicial de Víctor de Aldama ha sacado a la luz el reparto de beneficios derivados de la venta de mascarillas durante la pandemia, y ha señalado que parte de ese dinero provino de contratos gestionados por el gobierno encabezado por Francina Armengol. Sagreras insistió en que los fondos públicos destinados a la compra de material sanitario terminaron en comisiones para José Luis Ábalos y Koldo García, presuntos destinatarios de estos recursos, lo que coloca el foco en la gestión de las autoridades autonómicas de Baleares. El Partido Popular ha presentado estas denuncias de manera pública, recalcando la gravedad de los hechos y la necesidad de que se tomen medidas ante lo que consideran un fraude millonario en el archipiélago balear. De acuerdo con el medio original, los populares exigen rendición de cuentas y piden asumir responsabilidades políticas de forma inmediata.

El medio informó que Sagreras ha responsabilizado al Govern de Armengol por haber, en sus palabras, “abierto la puerta de par en par” a la trama investigada, lo que según su versión propició que el dinero de los ciudadanos de Baleares terminara en manos de los responsables de la red. El dirigente popular añadió que la consellera de Salud en funciones en aquel momento, Patricia Gómez, recibió a los implicados “con honores institucionales”, mientras que Rosario Sánchez, ex consellera de Hacienda, les habría entregado fondos de origen europeo para la adquisición de mascarillas. En opinión de Sagreras, estas acciones evidencian una serie de decisiones políticas encadenadas, sin las cuales el supuesto desvío de dinero no habría sido posible.

Tal como consignó el medio, la confesión referida por Sagreras sostiene que los beneficios obtenidos en la operación con mascarillas durante la emergencia sanitaria se distribuyeron entre variados integrantes de la trama y que el origen de parte de esos fondos fue el Gobierno autonómico de Baleares. De acuerdo con lo declarado por el propio portavoz del PP balear, “hoy sabemos que el dinero de los ciudadanos de Baleares terminó convertido en comisiones y mordidas para Ábalos y Koldo”.

El desarrollo del procedimiento judicial ha permitido, según la afirmación de Sagreras recogida en la noticia, que se ratifique lo que califica como “expolio” a través de la adquisición de mascarillas sin condiciones adecuadas, conocidas como “fake”, para Baleares. Para el Partido Popular, estos hechos configuran una cadena de irregularidades que derivaron en posibles actos de corrupción, facilitados por la estructura del Govern balear bajo la administración de Armengol.

Reportó el mismo medio que la denuncia del PP incluye una crítica directa a la actitud de los responsables autonómicos, remarcando la falta de vigilancia y el presunto favoritismo que habría facilitado que fondos públicos acabaran en poder de la red en cuestión. Las declaraciones de Sagreras incluyen una reivindicación sobre la transparencia y la exigencia de esclarecer quiénes autorizaron estas operaciones, así como de identificar a quienes “miraron hacia otro lado mientras Baleares era utilizada para enriquecer una trama”.

La información publicada destaca que el PP sostiene que la responsabilidad política no debe limitarse a los miembros de la red identificada judicialmente, sino extenderse a quienes desde las instituciones autonómicas permitieron o no impidieron el supuesto ilícito. Según lo relato por el medio, Sagreras mencionó concretamente a ex autoridades del Govern señalando la sucesión de decisiones que, a juicio del PP, permitieron el desvío de fondos a la trama investigada.

De acuerdo con detalles brindados por la fuente, la investigación judicial profundiza en la posible utilización de fondos europeos para operaciones consideradas fraudulentas. El Partido Popular insiste en que el procedimiento judicial evidencia cómo los recursos destinados a una causa sanitaria acabaron en un esquema de reparto de comisiones para particulares vinculados a antiguos altos funcionarios del ministerio y sus colaboradores.

El caso, que se enmarca en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, ha desatado críticas sobre la gestión de los recursos públicos por parte de los responsables políticos al frente del Govern balear y ha motivado un reclamo de dimisiones e investigación en profundidad. El desarrollo de las pesquisas, según informó el medio, ha generado repercusiones en el ámbito político local y nacional, incrementando la presión para que los involucrados respondan ante los tribunales y ante la opinión pública.

El Partido Popular finaliza sus declaraciones reclamando que las actuaciones pasen del ámbito judicial al político, exigiendo que se asuman responsabilidades por parte de quienes, a su juicio, habrían permitido el enriquecimiento privado a costa de fondos públicos en Baleares. Tal como recoge el medio, Sagreras concluyó sus afirmaciones señalando que los ciudadanos de Baleares merecen saber quién permitió el desvío de estos recursos y reiteró la necesidad de asumir consecuencias políticas inmediatas.