El PP se lanza contra Montero, Alegría y Martínez, candidatos electorales de PSOE, tras el pacto en financiación con ERC

El incremento de la capacidad presupuestaria de Cataluña en un 12%, junto al reconocimiento del principio de ordinalidad y una transferencia de 4.700 millones de euros para esta comunidad, generó duras reacciones en distintos líderes autonómicos del Partido Popular, quienes compiten directamente con figuras socialistas en próximos procesos electorales. Según información publicada por Europa Press, el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el de Andalucía, Juanma Moreno, arremetieron contra el acuerdo anunciado tras la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa.

Europa Press detalló que el entendimiento entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña, dado a conocer por Junqueras después de su encuentro con Sánchez, se centra en la financiación de Cataluña, aunque excluye la cuestión de la capacidad de recaudación. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a divulgar los pormenores del pacto el viernes siguiente al anuncio. La decisión ocurre en el contexto de una inminente carrera electoral en tres regiones clave: Aragón donde hay comicios el 8 de febrero, Castilla y León cuyas elecciones serán en marzo, y Andalucía, donde se prevé la consulta electoral para junio.

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, cuestionó el acuerdo planteando que el Gobierno intenta sostenerse "apuntalando un gobierno en ruinas" y empleando la financiación autonómica como un instrumento de negociación política. "La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio", sostuvo Feijóo, según recogió Europa Press. Otros cargos relevantes del partido, como Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, criticaron el uso de recursos públicos para asegurar apoyos, señalando que "Pedro Sánchez está comprando con 5.000 millones de los españoles la complicidad y el silencio de ERC a su corrupción y casos de acoso sexual en Moncloa y en su partido". Muñoz consideró además que el acuerdo erosiona la solidaridad entre los territorios y ha dirigido preguntas directas a figuras socialistas como Pilar Alegría y Carlos Martínez sobre su posición respecto al pacto.

Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y secretaria general del Partido Popular Europeo, ironizó sobre las posibilidades de Alegría y Montero al solicitar el voto tras el acuerdo, y manifestó su desacuerdo ante lo que percibe como un privilegio otorgado a una comunidad en detrimento de otras. "De acabar en la cárcel por pisotear la Constitución en Cataluña a ser recibido con honores en Moncloa. Sánchez y el PSOE permiten que se privilegie a unos en detrimento del resto de España", afirmó Montserrat a través de redes sociales, en palabras recogidas por Europa Press.

A estas críticas se sumó Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, quien aludió a la candidatura del PSOE en Aragón, etiquetando a la formación socialista como el "epicentro de la corrupción" y vinculando el acuerdo a una supuesta "humillación a los españoles, a la democracia y a la ley". Fúnez observó que emplear recursos públicos con objetivos partidistas constituye una forma de corrupción, y remarcó que el Ejecutivo de Sánchez reitera su dependencia de los independentistas sin rendir cuentas a la ciudadanía, describiendo la situación como una combinación de falta de transparencia y concesiones a intereses particulares.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, caracterizó el pacto como un acuerdo "de discriminación entre españoles", e interpretó que el presidente del Gobierno busca satisfacer a los líderes nacionalistas a expensas del principio de igualdad. Gamarra afirmó que el acuerdo representa una fractura de la cohesión territorial al tiempo que prioriza la estabilidad política de Sánchez.

En el plano autonómico, los presidentes populares Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, quienes enfrentarán en las urnas a Pilar Alegría, Carlos Martínez y María Jesús Montero, responsabilizaron directamente al acuerdo del posible debilitamiento de los servicios públicos en sus respectivas regiones. Azcón manifestó que la reunión entre Sánchez y Junqueras constituye una amenaza directa para los recursos de Aragón y calificó el pacto de insulto para los ciudadanos. Mientras tanto, Fernández Mañueco anunció que recurrirá a todas las vías legales, llegando incluso al Tribunal Constitucional, para proteger los intereses de Castilla y León frente al nuevo marco de financiación. En el caso de Andalucía, Juanma Moreno consideró que se repetiría un "nuevo maltrato" si el sistema propuesto rompe el trato igualitario entre las comunidades.

Europa Press subrayó que la presentación pública del acuerdo por parte de María Jesús Montero se realizará el día posterior, lo que implica que aún quedan detalles clave por esclarecer acerca de la aplicación y el alcance de la medida. Los cuestionamientos expresados por representantes y dirigentes del Partido Popular se insertan en una coyuntura política marcada por la cercanía de las elecciones en territorios donde la competencia entre bloques nacionales y autonómicos mantiene un elevado grado de intensidad.

A lo largo del debate generado por el pacto, se sostuvo que las condiciones acordadas darían a Cataluña una ventaja presupuestaria respecto a otras comunidades, al considerar que la regla de ordinalidad reconoce un orden de prioridad en las transferencias financieras. Según Europa Press, los dirigentes populares solicitaron a los candidatos socialistas explicaciones sobre la posición de sus partidos ante este nuevo escenario fiscal, especialmente de cara a la campaña electoral inminente en las entidades que representan.

Los argumentos vertidos por los diferentes portavoces del PP insisten en que el actual Gobierno prioriza sus intereses de supervivencia política sobre el principio de equidad territorial. Las posiciones expresadas sugieren que el resultado del acuerdo podría influir en el desarrollo de las próximas elecciones regionales, donde la gestión de los recursos fiscales y el tratamiento de la financiación autonómica han adquirido un peso relevante en la agenda pública a raíz de este pacto.