
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.
En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.
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La inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid responde a la complejidad y dimensión internacional de la causa, así como a la necesidad de centralizar en el órgano especializado de la Audiencia Nacional las diligencias que exceden de la competencia ordinaria de un juzgado de instrucción madrileño.
Un rescate de 53 millones de euros
La causa abierta en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra se centra en el uso de 53 millones de euros de fondos públicos que el Gobierno español autorizó en marzo de 2021 para reforzar la solvencia de la compañía tras la crisis económica derivada de la pandemia, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
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La Fiscalía Anticorrupción y las autoridades judiciales han recibido solicitudes de cooperación internacional desde Francia y Suiza por indicios de que parte de ese dinero pudo haber sido desviado a operaciones ilícitas y usado dentro de una supuesta trama de blanqueo de capitales con posibles vínculos internacionales, en particular con Venezuela, lo que ha llevado a cuestionar si los fondos públicos cumplieron el propósito para el que fueron destinados o si, por el contrario, facilitaron movimientos de dinero provenientes de actividades ilícitas.
Detenciones y registros
Desde que se activó la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo detenciones de altos cargos de la aerolínea. El 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una causa secreta por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede de la empresa y la incautación de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para reconstruir los movimientos financieros que están bajo escrutinio.
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Además de estas detenciones, la investigación ha trascendido los límites puramente económicos y ha saltado al debate político, con comparecencias en el Senado en el marco de la denominada comisión de investigación del ‘caso Koldo’, donde el propio expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que dar explicaciones sobre posibles relaciones de terceros con la aerolínea o con el proceso de concesión de la ayuda, negándolo todo.
Entre los aspectos bajo análisis está la relación entre algunos implicados y contrataciones de consultoría, así como sus conexiones con mercados externos, cuestiones que han sido objeto de defensa o negación por parte de los investigados cuando han comparecido ante instituciones públicas, todo ello en el contexto de un sumario que continúa bajo secreto y cuya amplitud ha motivado el traslado de la causa a la Audiencia Nacional para su instrucción centralizada.
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