
La difusión de una grabación que mostró insultos racistas dirigidos al futbolista Marcus Rashford durante un partido disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 25 de septiembre provocó una respuesta significativa por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias. Según consignó el medio, el video registró más de 28,8 millones de visualizaciones en tan solo 24 horas a través de redes sociales, medios digitales, televisión, radio, y otras plataformas, amplificando el impacto del agravio tanto en alcance como en gravedad moral. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado una pena de prisión y una sanción económica para el autor de los insultos.
Según informó la Fiscalía del Principado de Asturias, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:02 horas, cuando el acusado —quien nació en 2007— lanzó de forma audible la palabra “negrata” contra un jugador de piel negra del equipo visitante, Marcus Rashford, mientras este se situaba en la esquina del campo para ejecutar un saque de esquina. La acusación recalca que el insulto se realizó en presencia de otros espectadores y que el joven actuó con manifiesto desprecio hacia el color de piel del deportista, causándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, y menoscabando su dignidad intrínseca.
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El medio detalló que las expresiones ofensivas fueron grabadas por un asistente al partido y difundidas en la red social X, entonces conocida como Twitter, y en otras plataformas como YouTube, TikTok, blogs y foros. Este efecto multiplicador contribuyó a incrementar el sentimiento de humillación de la víctima, a la vez que evidenció el impacto que puede tener la propagación digital de conductas discriminatorias.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, se pide que el acusado, aficionado local, sea condenado a un año y tres meses de prisión, en concurso ideal de dos delitos: uno de lesión de la dignidad por motivos racistas —artículos 510.2.a y 510.5 del Código Penal— y otro contra la integridad moral —artículo 173.1 del Código Penal—. La petición incluye una multa de 2.880 euros, la prohibición de ejercer el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, por cuatro años, la prohibición de realizar actividades en el ámbito deportivo, docente y de tiempo libre, además del pago de una indemnización de 2.000 euros a Rashford en concepto de daños morales.
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La solicitud presentada por el Ministerio Público contempla, en caso de que solo se produjera condena por el delito contra la integridad moral, mantener la misma pena de prisión y la prohibición de acceso a recintos deportivos en competiciones organizadas por LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la UEFA y la FIFA, durante un periodo superior a cinco años. La Fiscalía añadió la exigencia del abono de las costas procesales.
El caso, según publicó la fuente, representa un ejemplo de la aplicación estricta de la legislación actual contra los delitos de odio en el contexto deportivo, un entorno donde se han registrado episodios similares en el pasado. El escrito señala que la actuación del acusado se llevó a cabo “con evidente desprecio” y que buscó intimidar e infligir menoscabo moral al futbolista por razón de su color de piel, considerando irrelevante la edad del acusado para valorar su entendimiento respecto a la gravedad de los hechos y las consecuencias derivadas de la propagación masiva de los insultos en el entorno digital.
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El proceso judicial abierto, reportó la fuente, ha encuadrado la respuesta penal no solo en términos de sanción individual, sino también en el marco de la prevención y la lucha contra el racismo en los acontecimientos deportivos y su repercusión viral en internet. Tanto la amplitud de la difusión como el contexto en que los hechos ocurrieron contribuyeron, desde la óptica del Ministerio Público, al agravamiento del daño moral sufrido por Marcus Rashford, cuyos sentimientos de humillación y frustración aumentaron debido a la magnitud del eco mediático que alcanzó el insulto.
Según la información consignada por la Fiscalía y referenciada en las publicaciones del medio, las medidas propuestas buscan establecer límites claros a estas conductas, reforzando el papel de las instituciones en la salvaguarda no solo de la dignidad individual de los deportistas afectados, sino también de los valores de convivencia y respeto en el deporte y en la sociedad conectada digitalmente.
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