La AN ratifica la orden de detención contra un hijo de Obiang y su cúpula por presunto terrorismo, secuestro y tortura

La persistencia de las órdenes internacionales de detención activas contra altos responsables de seguridad de Guinea Ecuatorial marca el desarrollo del caso, dado que hasta el momento los procesados no han cumplido con los llamamientos de comparecencia ante la justicia española, ni de forma presencial ni remota. Según consignó Europa Press, la Audiencia Nacional, a través de la Sala de lo Penal, ha recalcado que solo cuando los acusados se encuentren bajo la jurisdicción española se podrá proceder a tomarles declaración, exigiendo su presencia física para garantizar el procedimiento judicial.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, confirmó recientemente la orden de detención contra Carmelo Ovono, hijo del presidente Teodoro Obiang y actual viceministro de Seguridad Exterior, así como contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema. La decisión judicial, informó Europa Press, incluye la declaración de procesamiento de estos altos cargos por delitos de presunto terrorismo, secuestro y torturas cometidos contra opositores políticos.

El auto judicial al que accedió Europa Press señala que la representación de las víctimas había solicitado la resolución de las solicitudes de procesamiento, basando su petición en “el ingente volumen de evidencias obrantes contra los investigados”. Las órdenes de detención vigentes responden a la presunta implicación directa de Ovono, Obama y Nguema en el secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

Estas órdenes fueron emitidas en febrero de 2024, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instó al juez instructor a ampliar la persecución internacional de los señalados, tras estimar el recurso presentado por MLGE3R y secundado por las familias de las víctimas. La resolución judicial anterior había denegado esta medida, pero la presión ejercida por los recursos de la acusación y la presentación de nuevas pruebas motivó el cambio de criterio.

El proceso ha quedado marcado por la ausencia reiterada de los querellados frente a los requerimientos de la justicia española. Europa Press relató que los responsables de seguridad ecuatoguineanos han sido calificados como “en situación de rebeldía” por la Sala, al no presentarse a declarar pese a haber recibido facilidades como la opción de hacerlo mediante videoconferencia. No obstante, la Sala de lo Penal consideró que la comparecencia en remoto no satisface la puesta a disposición judicial efectiva de los investigados, por lo cual canceló las declaraciones previstas para febrero y priorizó el carácter presencial del acto.

La Audiencia Nacional advirtió que las órdenes de detención internacional mantienen su vigencia y que solo su efectiva ejecución permitirá avanzar en la instrucción del caso, recordando que hasta el momento los procesados permanecen fuera del alcance de la jurisdicción española. Este contexto jurídico ha producido un estancamiento en la obtención de declaraciones y en el avance hacia el juicio, situación que, según informó Europa Press, podría persistir mientras no se concrete la detención y traslado de los acusados.

El caso ha despertado atención tanto por la implicación directa de altos funcionarios de la seguridad nacional guineana como por la gravedad de los delitos investigados, que incluyen secuestro, desaparición forzada y tortura en el contexto de la represión a la oposición política. El MLGE3R y las familias de las víctimas han insistido a través de sus representantes legales en la relevancia de la investigación y han aportado documentación que, según consta en los autos revisados por Europa Press, sustenta la necesidad de las medidas cautelares adoptadas.

Europa Press detalló que la instrucción judicial ha identificado una serie de hechos que situarían a los procesados en el centro de operaciones contra miembros de la oposición, reforzando así la posición de la acusación y manteniendo la presión para que se logre la comparecencia de los señalados ante la Audiencia Nacional. Mientras tanto, el desarrollo futuro del caso dependerá de la cooperación internacional para la localización y entrega de los procesados.