La decisión del gobierno israelí de suspender los permisos de actividad para cerca de 40 organizaciones no gubernamentales, incluyendo algunas de origen español, motivó una condena explícita por parte de siete países europeos, según informaron medios como Europa Press. Estos países, entre los que se incluyen España, Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta y Noruega, comunicaron su preocupación a través de una declaración conjunta, señalando que la medida dificulta significativamente la prestación de servicios humanitarios, especialmente en un contexto de crisis aguda en Gaza.
El medio Europa Press detalló que los firmantes criticaron también la reciente legislación aprobada por el Ejecutivo israelí dirigida específicamente contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Esta legislación contempla restricciones adicionales, tales como la interrupción del suministro de agua, electricidad y comunicaciones a las instalaciones de la UNRWA. Según indicaron los gobiernos europeos en su comunicado, tales restricciones suponen un obstáculo directo al mandato de la ONU y suponen una vulneración tanto del Derecho Internacional como de las conclusiones dictadas por la Corte Internacional de Justicia.
Los siete países europeos advirtieron de que las acciones israelíes podrían tener repercusiones graves para la población civil palestina y los refugiados en la zona, al limitar aún más el acceso a recursos y servicios esenciales en un momento catalogado por los firmantes como de extrema gravedad humanitaria. Europa Press consignó que el comunicado insta a las autoridades israelíes a permitir que las ONG internacionales, entre ellas varias que proveen servicios sanitarios fundamentales en Gaza y Cisjordania, continúen operando sin restricciones impuestas por nuevas normativas.
En su declaración, los firmantes subrayaron la importancia crítica de la labor que realizan tanto la UNRWA como las demás entidades humanitarias y las ONG presentes en el territorio palestino ocupado y, por extensión, en toda la región. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, los países signatarios destacaron que estas organizaciones aportan ayuda vital no solo en el sector sanitario, sino también en el suministro de servicios esenciales de toda índole.
El mismo comunicado recordó al gobierno de Israel que corresponde a los Estados garantizar un acceso humanitario pleno, seguro y libre de trabas, así como permitir que las operaciones humanitarias de Naciones Unidas y sus socios continúen sin interrupciones. Según constató Europa Press, los siete países europeos reclamaron la observancia estricta de las obligaciones internacionales a este respecto, mencionando en particular el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
La declaración conjunta insistió en la importancia de respetar tanto las prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas como los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con las fuentes citadas por Europa Press, los firmantes pidieron al Ejecutivo israelí que suspenda las bajas del registro de ONG y que no interponga nuevos impedimentos hacia el trabajo humanitario en Gaza, ante una situación que calificaron de insostenible para la población civil.
La situación en Gaza, en opinión de estos gobiernos, requiere la implicación de todas las partes involucradas para evitar un agravamiento de las condiciones de vida de la población local. Las restricciones implementadas por Israel sobre la labor de la UNRWA y diversas ONG afectan de forma directa la capacidad de entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica, en medio de una emergencia que, según datos difundidos por Europa Press, la comunidad internacional considera prioritaria.
Según expuso Europa Press, los países que suscribieron esta declaración compartieron la valoración de que la colaboración internacional y el respeto al marco jurídico vigente son fundamentales para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan en Gaza y en el resto de la región. Todos los gobiernos firmantes reiteraron que continuarán demandando el respeto de los derechos y de los acuerdos internacionales relacionados con la protección de la población civil y el acceso humanitario en territorios en conflicto.
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