Puente descarta rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste y recuerda que aún no son ilegales

En julio de este año, la Comisión Europea indicó que el proceso por el que se prorrogaron los contratos de gestión de las autopistas AP-9 y AP-66 en España no garantizó una apertura efectiva al mercado, señalando la posible infracción de las normas sobre competencia y contratación pública. Según publicó La Nueva España, cualquier modificación estructural de estos contratos permanece pendiente de un fallo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá aclarar si las prórrogas aprobadas en el año 2000 respetaron la normativa comunitaria. Hasta entonces, el Gobierno español descarta intervenir y se limita a mantener los actuales descuentos a los usuarios recurrentes.

El debate sobre la posible eliminación de los peajes en estas autopistas sigue vigente, impulsado por la presión de sectores sociales y políticos de Galicia y Asturias que insisten en la gratuidad total del uso de ambas vías. Europa Press y La Nueva España detallaron que rescatar o modificar anticipadamente los contratos supondría un desembolso para el Estado superior a los 1.000 millones de euros. Este alto coste pone en cuestión la viabilidad económica de una medida de este tipo y limita la capacidad de acometer otras inversiones relevantes, como las que afectan al desarrollo ferroviario de alta velocidad.

De acuerdo con información de La Nueva España, el Ejecutivo central condiciona cualquier cambio significativo al pronunciamiento del tribunal europeo. Solo una sentencia que declare la nulidad de las prórrogas contractuales o exija su revisión permitiría modificar de manera sustancial el régimen de gestión y la política de peajes en ambas autopistas. Hasta la fecha, el Estado no ha detectado margen legal ni presupuestario que permita actuar sobre la base de los actuales acuerdos sin incurrir en importantes perjuicios económicos o enfrentar eventuales complicaciones jurídicas.

El origen del conflicto se sitúa en las decisiones tomadas durante el gobierno de José María Aznar, cuando se acordó con las empresas concesionarias prorrogar los contratos sin abrirlos a concurso internacional. Esta operación, ejecutada sin garantizar la libre competencia europea, generó denuncias de colectivos, asociaciones y sindicatos ante la Comisión Europea y motivó el actual proceso judicial en la Unión Europea. Las prórrogas dieron lugar a reclamos por supuestas infracciones de las normas sobre competencia, que ahora espera resolver el máximo órgano judicial comunitario.

Tal como informaron Europa Press y La Nueva España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó la responsabilidad de la actual situación tanto al Partido Popular como a la Xunta de Galicia, señalando que las decisiones adoptadas hace casi veinticinco años condicionan la potestad actual del Estado para modificar el régimen de las autopistas. En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente enfatizó la falta de herramientas legales y financieras para rescatar las concesiones antes de conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entretanto, el Ministerio de Transportes ha prorrogado ayudas temporales que permiten bonificaciones de hasta el 75% en los peajes para los usuarios habituales de ambas autopistas. Estas medidas, informadas por Europa Press y La Nueva España, buscan amortiguar el efecto económico para los conductores más frecuentes, aunque los colectivos sociales que reclaman la gratuidad reconocen que estos descuentos no resuelven el fondo del conflicto. Según estos grupos, las condiciones contractuales vigentes desde comienzos del siglo no atienden adecuadamente las necesidades de movilidad en Galicia y Asturias.

El Ministerio mantiene abierta la convocatoria de reuniones interadministrativas para revisar posibles escenarios junto con las partes interesadas. Según Europa Press, los equipos ministeriales estudian fórmulas que permitan ampliar los descuentos vigentes siempre que se mantengan dentro de los márgenes presupuestarios y legales. El Gobierno ha descartado recurrir a soluciones que impliquen recortar recursos de proyectos estratégicos ni aplicar medidas susceptibles de generar nuevos conflictos legales o financieros para el Estado.

Mientras no se pronuncie el tribunal europeo, la gestión de las autopistas AP-9 y AP-66 sigue bajo control de las concesionarias privadas en virtud de los contratos prorrogados desde el año 2000. La Nueva España remarcó que cualquier variación sobre esta estructura requiere un mandato judicial firme. Las alternativas que maneja el Ejecutivo central en este escenario provisional se centran en ampliar o mantener las bonificaciones a los usuarios frecuentes en vez de avanzar hacia una gratuidad total o una rescisión anticipada de los acuerdos.

En diferentes comunicados, el Ministerio de Transportes, según reportó Europa Press, reiteró que actuará conforme a los principios de legalidad y estabilidad presupuestaria. Hasta que se emita la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el régimen actual que combina gestión privada y descuentos parciales para los conductores más habituales seguirá sin modificaciones sustanciales.

Las demandas de los colectivos ciudadanos y de formaciones políticas autonómicas se mantienen centradas en la gratuidad total de ambos ejes. Aun así, las organizaciones admiten—según recogió La Nueva España—que el esquema de bonificaciones actuales ofrece un paliativo parcial para quienes utilizan de forma recurrente las autopistas, sin resolver los problemas estructurales derivados de la gestión y la financiación inicial de las obras y su explotación bajo contratos prorrogados. La decisión final respecto a la eliminación o revisión de los peajes depende ahora de una sentencia europea que podría modificar el marco legal de las infraestructuras y redefinir el papel del Estado español en su administración.