
Durante su comparecencia parlamentaria, Yolanda Díaz relató en el Congreso el testimonio de la madre de un trabajador fallecido, señalando la gravedad de las circunstancias que rodearon el accidente y el posterior proceso administrativo. Tal como publicó el medio 'Las Provincias', la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tomó como referencia este caso para fundamentar su anuncio de que presentará una denuncia ante la Fiscalía, en respuesta a la decisión de la Generalitat valenciana de revocar sanciones impuestas a empresas tras accidentes laborales ocurridos durante temporales.
El suceso que suscitó el debate tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Un trabajador, oficial de primera de una concesionaria encargada del mantenimiento de carreteras, murió cuando la furgoneta en la que viajaba fue arrastrada por una riada provocada por el paso de una depresión aislada en niveles altos (dana) a la altura de Chiva. Había salido de las oficinas del Rebollar después de terminar su jornada laboral, pero fue enviado a cubrir una emergencia eléctrica en Siete Aguas en plena alerta roja, de acuerdo con la información recogida en 'Las Provincias'. Tras cumplir con esa orden y mientras regresaba a su domicilio en La Canyada, se produjo el incidente fatal.
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La ministra, según recogen tanto el reportaje como intervenciones difundidas por 'Las Provincias', insistió en que el Gobierno había establecido normas específicas ante episodios de alerta roja para proteger a quienes desempeñan tareas laborales en situaciones peligrosas por fenómenos meteorológicos extremos. Sostuvo que la orden de trabajo dada por la empresa al empleado contravino estas directrices y destacó que la actuación empresarial priorizó la productividad al pedir al trabajador acudir a la emergencia fuera de su horario bajo condiciones adversas. Díaz manifestó de forma textual en el Congreso: “La empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, a pesar de que esta ministra había dictado una norma poniendo en riesgo su vida. Murió volviendo a su casa porque alguien decidió que la productividad estaba por encima de su integridad, de su vida”, en una cita reproducida por 'Las Provincias'.
La Inspección de Trabajo redactó varias actas después de los hechos, resultando en procedimientos sancionadores contra la empresa responsable, según reportó el mismo medio. Más adelante, la administración regional valenciana anuló estas sanciones. Ante esta decisión, Díaz reiteró en sede parlamentaria que su ministerio ha dispuesto la presentación de una denuncia ante la Fiscalía con el fin de que se investigue si la supresión de las sanciones se ajustó a la legislación vigente y si existen responsabilidades legales por parte de los cargos autonómicos implicados en la revocación. “Ya les anuncio que vamos a ir a la Fiscalía, por mucho que hayan revocado esa acta de Inspección”, afirmó Díaz en el pleno, de acuerdo con lo consignado por 'Las Provincias'.
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La familia del trabajador, según relató el medio citado, también planteó una querella por la muerte del empleado. La madre del fallecido expuso que su hijo no debía encontrarse en servicio, dadas las condiciones administrativas y meteorológicas, y la empresa sabía que su jornada oficial había terminado. El ministro de Trabajo, amplió ‘Las Provincias’, utilizó este testimonio como elemento central para destacar lo que consideró una falta de prevención y de protección efectiva de los derechos laborales ante riesgos graves, enfatizando que los mecanismos y normas del Ministerio están diseñados para evitar este tipo de situaciones durante crisis climatológicas.
Durante la sesión en el Congreso, Díaz subrayó igualmente que no se trata de un hecho aislado, indicando que su departamento ha identificado la anulación de más sanciones en contextos similares asociados a la dana, siempre de acuerdo con la información facilitada por el mismo medio. Argumentó ante los diputados que el Ejecutivo valenciano, bajo la presidencia de Carlos Mazón, había optado por dejar sin efecto las medidas sancionadoras propuestas por la Inspección de Trabajo, en lo que consideró una desprotección para los empleados afectados por emergencias meteorológicas.
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Según informó 'Las Provincias', el proceso impulsado por el Ministerio de Trabajo se llevará ahora ante la Fiscalía, que deberá determinar si procede una investigación sobre los motivos y la legalidad de la revocación de las sanciones. Mientras tanto, la querella ya presentada por la familia del trabajador fallecido seguirá desarrollándose en la vía judicial correspondiente.
Díaz concluyó su intervención insistiendo en la responsabilidad institucional para garantizar la seguridad de los trabajadores durante situaciones extremas y recalcó que las administraciones públicas no deben permitir que las empresas descuiden la protección de su plantilla durante episodios de riesgo meteorológico, según consignó el medio 'Las Provincias'.
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