El Supremo ve "desmesudaramente ambicioso" achacar a García Ortiz que se llame "delincuente confeso" al novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha considerado "desmesuradamente ambicioso" achacar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los señalamientos públicos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- como "delincuente confeso" por el hecho de que primero se filtrara a los medios de comunicación y después se recogiera en nota de prensa que estaba dispuesto a reconocer los dos delitos fiscales por los que se le investigaba.

Así lo recoge la sentencia, de 180 folios, donde el tribunal explica las razones por las que, según adelantó el pasado 20 de noviembre, decidió condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo y 7.200 euros de multa, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros en concepto de daños morales.

El tribunal explica que la acusación particular que ejercía el empresario reclamaba una indemnización de 300.000 euros, por un lado, ante "las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, lo que afectaría primordialmente a su fama y honor"; y, por otro, por su "afectación" a sus derechos de defensa, presunción de inocencia y a un proceso justo.

Sin embargo, los magistrados dicen que ha de corregirse "el desmesuradamente ambicioso planteamiento de la acusación que pretende colgar en el 'debe' del acusado", al entender que esos "perjuicios" no se basan en "la actuación de la que deriva la responsabilidad penal" de García Ortiz, es decir, en "la divulgación de una propuesta de conformidad elevada por la defensa al fiscal".

"Eso añade algo, pero no demasiado, a lo que ya era objeto de público conocimiento: la pendencia de una causa penal contra el afectado, pareja afectiva de un conocido personaje político que ostenta un importante cargo público, por delitos de defraudación tributaria tras una denuncia formulada por la Fiscalía a raíz de una comunicación de la Agencia Española de Administración Tributaria", razonan.

"Esa realidad" lleva a pensar al tribunal que, incluso aunque no se hubiera producido la revelación de secretos, "es más que probable que la secuencia de comentarios, valoraciones, reflexiones, críticas --amparadas en general por el amplísimo margen que la Constitución otorga a las libertades de expresión e información y el resaltado papel de la prensa, en gráfica imagen, perro guardián de la democracia-- no hubieran variado mucho".

Y ello, explican los magistrados, porque en el caso de González Amador "estamos, no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".

ESTABLECE QUE ESAS EXPRESIONES TIENEN BASE "SUFICIENTE"

"Pensar que sin esa difusión el hecho noticioso hubiese pasado a un segundo plano en el debate social y político y las opiniones hubiesen entrado en un nivel de moderación y cautelas y prevenciones, cuando la denuncia contaba con el aval provisional de AEAT y el Ministerio Fiscal, es pecar de un candor inasumible e ignorar en qué parámetros se mueve --no nos corresponde valorarlo-- la discusión en la opinión pública de temas con repercusiones políticas", dicen.

Por eso, entienden que "los excesos, al margen de gozar de unos holgadísimos márgenes de tolerancia en una sociedad democrática que exige un reconocimiento muy amplio de la libertad de expresión, serán achacables no al fiscal general del Estado por difundir, sin calificativo ni añadido alguno, ese mensaje, sino a otras variadas personas contra las que la acusación, si estima que se han rebasado esas fronteras, podrá ejercitar las acciones de las que se crea asistido".

No obstante, el Supremo avanza que "las expresiones, aunque sean desabridas e hirientes, no atentan contra el honor del demandante, porque tienen base fáctica suficiente --no necesariamente exacta--, no contienen expresiones injuriosas o insultantes y se enmarcan en el ámbito del debate político, en un contexto en que se utilizan las conductas de familiares o allegados de políticos para hacer recaer sobre ellos la responsabilidad política o ética derivada de tales conductas".

AFEA A GONZÁLEZ AMADOR "TINTES EXAGERADAMENTE TREMENDISTAS"

En cuanto al impacto que ha tenido la revelación de secretos en los derechos procesales de González Amador, en el marco de la causa por delitos fiscales, donde ya está a la espera de juicio, el Supremo aprecia en los perjuicios alegados "tintes seguramente exageradamente tremendistas, aunque entendibles desde su posición de acusación y sus intereses", al afirmar que "esa afectación es ya irremediable e irreversible".

Para la Sala, "es cierto" que el hecho de que se hiciera público que ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel pudo, "en abstracto", "lastrar sus estrategias defensivas, en cuanto ya ha sido objeto de difusión y, por tanto, pudiera condicionar la actuación de los distintos protagonistas del proceso".

Pero rechaza que no se llegara a un acuerdo de conformidad por el hecho de que se hiciera público --primero mediante la filtración de un 'email' la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER y después mediante la mención en la nota de prensa publicada por Fiscalía al día siguiente-- que González Amador estaba dispuesto a reconocer esos delitos.

"La frustración de un eventual acuerdo de conformidad (...) parece obedecer más a la necesidad de contar con la anuencia de todas las partes acusadoras, que a la difusión de ese 'mail' o a unas fantasiosas e inexistentes órdenes de abortarlo", exponen los magistrados, en referencia a las "órdenes de arriba" que, según transmitió el jefe de gabinete de Díaz Ayuso a la prensa durante la tarde del 13 de marzo, habrían sido la razón de que no hubiera acuerdo.

En la misma línea, sostienen que "la personación de terceros como acusación tampoco parece fruto de la difusión de ese 'email', sino más bien del conocimiento público de la existencia del proceso que se produjo unos días antes y que, por otra parte, por las mismas notas que adornan el proceso penal, muy difícilmente iba a poder mantenerse oculto".

Asimismo, ven "precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad". "Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido", dicen, en alusión al citado 'email'.

Pese a todo, el tribunal estima que "alguna cuota en esos perjuicios puede atribuirse a esa desafortunada difusión del 'email'", de ahí que imponga a García Ortiz la obligación de indemnizar a González Amador con 10.000 euros.

RECONOCE LA TRAYECTORIA DE GARCÍA ORTIZ, SU "BRILLANTEZ Y DEDICACIÓN"

La sentencia también detalla por qué fija la multa a García Ortiz "en el mínimo posible", manifestando que lo hace, "sobre todo", en atención "a las circunstancias personales del autor y la gravedad de los hechos".

"Estamos juzgando un concreto hecho, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración", resaltan los magistrados.

Además, tienen en cuenta que "ese concreto hecho se produce --atendiendo a sus explicaciones-- con el deseo prevalente, lo que no anula su antijuricidad, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba, aunque equivocándose en la forma e incurriendo en un exceso que activa el marco penal".

Al hilo inciden en que, para desmentir lo que García Ortiz consideraba un "bulo" --que el fiscal habría ofrecido pactar pero se habría frustrado por "órdenes de arriba"-- "era totalmente prescindible dar publicidad" a la conformidad.