La AN revisará este jueves si el empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' debe seguir en prisión provisional

La existencia de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a Álvaro Romillo y la aparición de evidencia documental que apunta a una compleja estructura de desvío de fondos aumentaron la presión judicial sobre el empresario, señalado como principal responsable de una presunta macroestafa de inversiones en criptomonedas. Según informó Europa Press, la Audiencia Nacional organizará este jueves una vista para determinar si Romillo debe continuar en prisión provisional o si existe causa para revisar su situación tras la apelación presentada por su defensa.

De acuerdo con Europa Press, la sesión se celebrará a las 11:00 horas y analizará el recurso interpuesto por el entorno legal de Romillo, quien desde el pasado 7 de noviembre permanece en prisión preventiva por decisión del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional. El magistrado justificó el encarcelamiento por el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas relevantes para la investigación, dado el alcance internacional de las operaciones financieras bajo investigación y la magnitud del presunto fraude.

El origen del proceso se remonta a las actividades desarrolladas por la plataforma Madeira Invest Club (MIC), identificada en el expediente judicial como el canal principal a través del cual presuntamente se captaban fondos mediante promesas de inversiones en criptomonedas. Los datos recopilados por Europa Press revelan que 3.062 inversores aparecen como perjudicados, con 2.976 de ellos realizando aportaciones que totalizan 185.511.947,76 euros, transferidos a las cuentas indicadas por la plataforma. El juez Calama aclaró, en los autos consultados por Europa Press, que estos fondos no se utilizaron para operaciones reales de criptomonedas, sino que se desviaron a cuentas gestionadas por un entramado societario presuntamente liderado por Romillo.

Uno de los movimientos financieros que más ha llamado la atención en la causa corresponde a una transferencia de 100.000 euros de Romillo al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Según recoge Europa Press, la inclusión de esta operación en el expediente pretende esclarecer el posible destino de una fracción de los fondos supuestamente desviados de las inversiones originales, y forma parte del esfuerzo de los investigadores por mapear el flujo financiero más allá de las fronteras nacionales.

La resolución que motivó la reclusión de Romillo pone de relieve tanto la gravedad de los delitos imputados como el riesgo elevado de fuga, dada la identificación de operaciones financieras en jurisdicciones extranjeras. Europa Press reporta que el juez consideró relevante el hecho de que las penas asociadas superan los dos años de prisión, lo que aumenta las probabilidades de elusión de la acción judicial, así como la eventual destrucción de pruebas relacionadas con la actividad de la estructura financiera bajo sospecha.

El expediente revisado por la Audiencia Nacional contiene testimonios de inversores perjudicados, quienes presentaron comprobantes de las transferencias realizadas y detallaron las promesas de rentabilidad ofrecidas por la plataforma MIC. Según informa Europa Press, estos afectados relataron que nunca encontraron evidencia de actividad económica real subyacente a las presuntas inversiones. La documentación gestionada por los investigadores comprende además datos sobre la conformación y operatividad de la supuesta organización criminal internacional dirigida por Romillo. Los informes judiciales citados por Europa Press apuntan a la creación de un entramado financiero orientado a ocultar grandes sumas a través de cuentas en diferentes jurisdicciones, dificultando tanto el rastreo de fondos como la eventual recuperación de los activos para los afectados.

Tras el ingreso en prisión de Romillo, las autoridades ampliaron el escrutinio sobre los movimientos de capital, la identificación de posibles beneficiarios y la localización de cuentas asociadas a la red de MIC. Europa Press indica que estos procedimientos forman parte de los esfuerzos para recuperar los fondos transferidos y recabar nuevas pruebas que permitan imputar a otros involucrados en caso de encontrarse responsabilidad penal adicional. Las diligencias incluyen el análisis de la documentación contable y financiera, así como la revisión de las declaraciones de los participantes e intermediarios de la red.

La vista que tendrá lugar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional permitirá a los magistrados valorar si persisten los elementos que motivaron la privación de libertad de Romillo o si cabe su liberación provisional bajo condiciones cautelares específicas. En la decisión, según indica Europa Press, influirán factores como el volumen de fondos canalizados, la capacidad de la estructura para movilizar recursos fuera del control jurisdiccional nacional y el potencial de que el principal investigado obstaculice el avance de la instrucción o dificulte la recuperación de los activos dispersos en el extranjero.

El desarrollo de la investigación sobre Madeira Invest Club se centra en documentar la operativa de captación de fondos y la ausencia de correspondencia con inversiones genuinas en criptomonedas, aspecto al que los afectados hacen referencia en sus testificaciones incorporadas al sumario. Europa Press detalla que la consolidación de pruebas sobre la estructura internacional creada por Romillo sigue en curso, mientras la Audiencia Nacional estudia la procedencia y justificación de las medidas adoptadas durante la instrucción del caso. La decisión que emita el tribunal tras la revisión del recurso incidirá en la continuación del proceso y en el posible destino inmediato de Romillo mientras se determina la eventual extensión de responsabilidades dentro de la supuesta trama de fraude financiero.