La AN pide opinión a Fiscalía antes de decidir si reclama al PSOE todos los pagos en metálico o solo los investigados

La preocupación sobre la posible exposición de datos personales y financieros de numerosos trabajadores, militantes, simpatizantes y voluntarios ha marcado la reciente solicitud del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al juez que investiga el llamado caso Koldo en la Audiencia Nacional. Según detalló Europa Press, el partido argumentó que entregar un listado completo de todos los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024 podría resultar en la difusión de información sensible a sus adversarios políticos, como el Partido Popular (PP), Vox y otras entidades.

El juez Ismael Moreno, a cargo de la causa en la Audiencia Nacional, solicitó la opinión de la Fiscalía Anticorrupción antes de decidir si reclamará al PSOE toda la documentación relativa a entregas de efectivo realizadas durante estos siete años o solo aquellas vinculadas directamente a los investigados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Según publicó Europa Press, esta petición surgió después de que el propio PSOE requiriera una aclaración sobre el alcance de la información solicitada, señalando que una entrega masiva de datos tendría implicaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos según la normativa europea.

Europa Press reportó que, para el PSOE, limitar la investigación a los pagos relacionados con las personas bajo investigación sería un criterio más razonable, pues, en su visión, la reclamación generalizada de todos los gastos anticipados por parte de cualquier persona vinculada al partido podría ser vista como una actuación prospectiva, desviándose del objetivo principal de la causa. Además, el partido advirtió sobre el riesgo de que miles de registros puedan ser usados para fines distintos a los de la investigación, comprometiendo la privacidad de sus afiliados y colaboradores.

En la providencia consultada por Europa Press, el juez Moreno comunicó al Ministerio Público la petición de aclaración del PSOE, en el contexto de la pieza separada que rastrea los pagos en efectivo a Ábalos y a su exasesor Koldo García. El planteo original del magistrado se basaba en la necesidad de recibir una relación detallada de las entregas de efectivo y los documentos justificativos desde 2017 hasta 2024, sin especificar si la obligación implicaba únicamente a los investigados o a toda persona que haya recibido efectivos del partido en ese periodo.

El PSOE subrayó, según recogió Europa Press, su voluntad de cooperar con la justicia con independencia del desenlace de la petición, pero insistió en que, de tener que aportar todo el registro de pagos, existirían consecuencias graves no solo por la protección de los datos personales, sino también por el potencial uso político de la información. El partido alertó de que la información recabada podría acabar en los archivos de partidos como el PP y Vox, así como en organizaciones como Hazte Oír. Añadió que no considera justificable que la información relativa a gastos internos y a la gestión de la estructura del partido pueda utilizarse en beneficio de la oposición para fines distintos a los de la investigación judicial.

De acuerdo con Europa Press, el argumento del PSOE también pone en duda la proporcionalidad de la medida, ya que, según su análisis, la entrega de tantos datos podría sobrepasar el marco limitado y específico de la instrucción, afectando a personas que no tienen relación con los hechos que se investigan en la causa.

El origen de esta solicitud judicial responde a las sospechas sobre la utilización de fondos no declarados por parte de Ábalos y García durante el tiempo en que desempeñaron funciones en el partido, cuestión que fue señalada previamente por el Tribunal Supremo, el cual instó a profundizar en la investigación de entregas de dinero en efectivo dentro del PSOE. El juez Moreno consideró que podría haber habido blanqueo de capitales derivado de la falta de controles en la devolución de gastos anticipados, atendiendo también a observaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción, que sugirió la posible comisión de delito de desfalco contra la formación política, entre otras irregularidades.

Europa Press informó que la dirección socialista propuso que, si el requerimiento judicial termina por incluir todos los pagos realizados en efectivo durante el periodo considerado, la información se conserve en un apartado clasificado, accesible únicamente para el juzgado, los investigadores y la Fiscalía. En el escrito presentado por el partido se afirma: “El interés de esta parte en colaborar con la Administración de Justicia, que no admite cuestión ni reserva alguna, es compatible con la honda preocupación de mi representado de que información sensible de su funcionamiento interno y los datos de las personas afectadas llegue a trascender a terceros”.

El partido argumentó, según recogió el medio, que la entrega de justificantes de gastos vinculados a viajes, desplazamientos, alojamientos y actividades internas de los dirigentes y afiliados entre 2017 y 2024 no solo es desproporcionada, sino que tampoco ayuda al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación. “No ayudará al esclarecimiento de los hechos y sí, por el contrario, convertirá este procedimiento en un instrumento en manos de estos partidos para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información”, sostuvo el PSOE en su escrito dirigido al magistrado, también citado por Europa Press. Insistió en que la preocupación principal reside en uso partidista que otros partidos puedan hacer de la información aportada.

La decisión final sobre el alcance de esta solicitud recae en el juez Ismael Moreno, quien, tras recibir el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción, resolverá si el PSOE debe entregar información relativa a la totalidad de los pagos en metálico realizados desde 2017, o restringirse a las entregas vinculadas a los investigados en la causa sumarial por el caso Koldo.