Belarra escribe una carta a Sánchez para que no autorice un hotel-rascacielos en el puerto de Málaga

Considerando las denuncias de falta de transparencia, alegaciones de impacto paisajístico irreversible y rechazo ciudadano, legisladoras de Podemos solicitaron al Ejecutivo federal rechazar la construcción señalando ventajas exclusivas para inversores privados y deficiencias en el procedimiento administrativo

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La carta enviada por Ione Belarra y Martina Velarde al Ejecutivo federal incluye una referencia específica a un informe técnico de 80 páginas elaborado por expertos en urbanismo y patrimonio, donde se señalan deficiencias administrativas y jurídicas del proyecto hotelero previsto para el Dique de Levante en el puerto de Málaga. Esta misiva, dirigida tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, formula la petición de no conceder la autorización imprescindible para la construcción del hotel-rascacielos, según consignó el medio y detalló Podemos en una nota de prensa.

Según destacó el medio en base a la documentación proporcionada por Podemos, la propuesta en trámite no corresponde a la que resultó ganadora en el concurso público organizado para intervenir en esa ubicación portuaria. Tras la retirada de los promotores del diseño original, las autoridades responsables encargaron, posteriormente, un nuevo edificio con características diferentes, entre las que destaca un aumento en la altura hasta los 144 metros. También se introdujeron cambios en elementos considerados esenciales por las parlamentarias. Estos aspectos generan dudas, de acuerdo con el contenido de la carta citada por el medio, sobre la transparencia y la legalidad del procedimiento administrativo seguido hasta el momento.

En su carta, las diputadas señalaron que la torre superaría en altura a cualquier otra edificación de Málaga, incluidas referencias urbanas tan relevantes como el Monte Gibralfaro. Afirman que la nueva estructura produciría un impacto irreversible en el perfil paisajístico de la bahía de Málaga. De acuerdo con el análisis de expertos citados en la misiva y reproducido por el medio, el diseño "no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente". Las parlamentarias insisten en que "numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial", lo que pone en entredicho la legitimidad y claridad del proceso.

Las diputadas Belarra y Velarde sostienen que la construcción del hotel-rascacielos carece de justificación en términos de utilidad pública y que los beneficiarios serían fundamentalmente inversores privados, en este caso un fondo extranjero que promueve la instalación de un hotel de lujo. Según la carta difundida y reseñada por el medio, no se ha acreditado la necesidad del establecimiento para Málaga. En caso de que hubiere demanda suficiente para este tipo de equipamiento, las portavoces sugieren explorar otras ubicaciones, con menores alturas y volúmenes más acordes con el entorno urbano y paisajístico del puerto.

Entre los argumentos presentados se plantea que el espacio del Dique de Levante podría destinarse a usos de interés público, como zonas verdes o instalaciones de carácter comunitario, cuya ejecución provocaría un efecto mucho menos negativo en el contexto urbano, social y ambiental de Málaga. El medio reflejó que la carta destaca la carencia de respaldo ciudadano al proyecto, con cita a más de 1.000 alegaciones formales registradas y al apoyo recabado por plataformas y entidades de los ámbitos cultural, profesional y académico.

El rechazo ciudadano se constata, reportó el medio, en los resultados de una encuesta publicada por el diario Sur, donde el 75% de los consultados manifestó su oposición a la iniciativa. Las parlamentarias pusieron énfasis en que la tramitación administrativa del proyecto, que se ha prolongado durante más de diez años, presenta "un déficit notable de participación ciudadana".

En cuanto a los aspectos técnicos y legales, el informe adjuntado en la solicitud alerta sobre diferentes deficiencias, como una evaluación incompleta del impacto en la movilidad y el medio ambiente, la carencia de informes que demuestren la viabilidad económica real del desarrollo y un marco participativo insuficiente durante las distintas fases administrativas. Todo ello lleva a las firmantes a advertir al Consejo de Ministros que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, solo podría autorizar el rascacielos si “el proyecto satisface de manera inequívoca el interés general”, condición que, según su análisis, no se cumple.

En la misma línea de argumentación, la misiva remitida por Belarra y Velarde hace alusión a la existencia de procesos judiciales abiertos que mantienen suspendida la aprobación definitiva del hotel-rascacielos. Según publicó el medio, actualmente existen dos litigios contencioso-administrativos en curso: uno iniciado por la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y otro por la Academia de Bellas Artes de San Telmo, ambos con la finalidad de frenar el avance del proyecto en los tribunales.

A modo de síntesis en su exposición a las autoridades federales, las diputadas enumeraron cuatro elementos principales que, bajo su criterio, desaconsejan otorgar la excepcionalidad para el proyecto: la ausencia de consenso institucional, social y técnico; el efecto irreversible que tendría sobre el perfil urbano de la ciudad; las deficiencias reiteradas en el proceso administrativo, y el carácter privado de los beneficios generados.

Finalmente, informaron que solicitaron al Consejo de Ministros que deniegue la autorización necesaria para el desarrollo del hotel-rascacielos y exigieron la apertura de un proceso de debate público sobre el futuro del Dique de Levante, orientado a redefinir el uso de este enclave estratégico bajo parámetros sostenibles y de acceso público, en línea con la postura del partido Podemos y según consignó el medio.