El abogado Carlos Perales Rey dejó de representar a Manos Limpias por considerar que su labor legal se había desviado del ámbito técnico inicial hacia una exposición con fuerte matriz política y mediática, según detalló Europa Press. Este cambio motivó el nombramiento de un nuevo letrado para el sindicato que ahora, tras un reciente requerimiento judicial, ha recuperado su condición de parte acusadora en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, bajo la titularidad del juez Juan Carlos Peinado, aceptó la reincorporación de Manos Limpias como acusación popular luego de que la organización efectuara el pago que se le había solicitado para ejercer esa función. Europa Press informó que la resolución condiciona formalmente esta personación a la presentación de documentación acreditativa, ya sea escritura de poder para pleitos o el apoderamiento pertinente, en favor de la procuradora designada por el sindicato.
El medio también precisó que, a partir de ahora, la actuación judicial de Manos Limpias quedará vinculada al grupo de acusaciones populares bajo la dirección letrada de Hazte Oír, entidad que junto con Vox también presentó acciones legales en el marco de la investigación abierta. Esta unificación responde al desarrollo procesal del caso, que nació en 2024 tras la denuncia presentada por el sindicato y fue incrementándose con la adhesión de otros querellantes.
Anteriormente, el juez Peinado había apartado a Manos Limpias de la causa por no intervenir con la consignación económica requerida para permanecer como parte en el procedimiento. Tal como publicó Europa Press, ese obstáculo ya se superó al cumplir el sindicato con el pago exigido, recuperando su capacidad para participar en la acusación y en las decisiones procesales próximas.
La causa tiene en el centro de las pesquisas la actuación de Begoña Gómez, a quien los demandantes, entre ellos Manos Limpias, señalan por presuntamente favorecer a determinados empresarios durante el ejercicio de su relación con el presidente Pedro Sánchez. Uno de los nombres mencionados en las investigaciones es Juan Carlos Barrabés, cuya vinculación con Gómez ha sido igualmente objeto del análisis judicial.
Las acusaciones populares unificadas, lideradas legalmente por Hazte Oír, reúnen diversas querellas que se han ido sumando durante la instrucción del caso. Los motivos principales del proceso apuntan a la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios dentro del ámbito privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.
El juez Peinado ha estructurado la admisión de partes y la representación jurídica en función de los requisitos legales y las variaciones producidas por los movimientos de los diferentes actores del procedimiento. La condición de acusación popular ejercida por Manos Limpias había quedado en suspenso precisamente por el impago previo, situación revertida tras el abono dispuesto por la organización sindical.
Según consignó Europa Press, la decisión judicial encontrada en la mencionada providencia exige completar los trámites formales de apoderamiento para que Manos Limpias ejerza a pleno todas las competencias que corresponden a una parte acusadora. Una vez cumplido este requisito, el sindicato liderado por Miguel Bernad continuará involucrado junto con otras entidades en el desarrollo judicial de una causa que ha escalado en atención pública y mediática.
El proceso abierto posiciona a la esposa del presidente del Gobierno como eje de una investigación compleja que abarca varias figuras delictivas, uniéndose en la acción varias agrupaciones que representan visiones y estrategias distintas pero coordinadas en el marco judicial, según informó Europa Press.
La reciente reincorporación de Manos Limpias como acusación popular, sumada a la designación de un nuevo letrado, configura el actual estado del proceso penal que se sigue en los juzgados de Madrid, en una causa en la que cada paso es fiscalizado tanto en el plano jurídico como en el mediático.
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