
El proceso judicial se centra en un hombre de 46 años para quien la Fiscalía de Granada ha solicitado siete años y medio de reclusión, además de prohibiciones y multas, tras una acusación que abarca detención ilegal, atentado contra la autoridad, lesiones y daños. Según publicó Europa Press, el acusado está imputado por retener supuestamente por la fuerza a una mujer dentro de su domicilio luego de una cita, agredir a agentes de policía y causar destrozos en un vehículo oficial.
De acuerdo con la información consignada por Europa Press, el juicio se lleva a cabo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. La fiscalía sostiene que el incidente se originó el 26 de abril de 2023, cuando el imputado y la víctima acordaron verse y ambos acudieron al piso de él. Una vez en el interior de la vivienda, el hombre la encerró presuntamente en una habitación y bloqueó la puerta utilizando un armario y otros objetos de la casa. El fiscal detalla en su escrito de acusación provisional que el procesado llevaba consigo un cuchillo durante la acción.
Según el relato del Ministerio Público, la mujer quedó privada de movimiento y sin posibilidad de abandonar el inmueble hasta que los agentes de la Policía Nacional acudieron en su auxilio. Tras recibir el aviso, los agentes llegaron al lugar y encontraron dificultades debido a la actitud del imputado, que se resistió activamente a las órdenes policiales y no facilitó la intervención. Europa Press detalla que el acusado se negó reiteradamente a colaborar y fue necesario que los efectivos intentaran inmovilizarlo, momento en el que, supuestamente, propinó un golpe en la mano izquierda a uno de los agentes.
Posteriormente, ya detenido y mientras era trasladado en un vehículo policial, el procesado, según la acusación del fiscal recogida por Europa Press, utilizó las piernas para golpear el cristal de la parte trasera izquierda del coche patrulla, lo que causó la rotura de la ventana. La Fiscalía incluye en la acusación un delito de daños por este episodio, al considerar que los impactos infligidos al vehículo provocaron un perjuicio al patrimonio público.
En el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se solicita que el acusado reciba una pena de cinco años y medio de prisión por el delito de detención ilegal, además de la imposición de una orden de alejamiento de la víctima fijada en una distancia de menos de 200 metros y la prohibición de cualquier tipo de comunicación con ella por un período de cinco años.
En cuanto al delito de atentado contra los agentes de la autoridad, la Fiscalía demanda una pena adicional de dos años de cárcel. Por el delito leve de lesiones provocado al agente durante la intervención, así como por el delito de daños al vehículo oficial, el Ministerio Público solicita sendas multas de 600 euros.
Este caso, como dio a conocer Europa Press, integra diversas acusaciones graves vinculadas tanto a la privación de libertad de una persona como a la violencia contra funcionarios durante el desempeño de sus funciones y el daño a bienes materiales del Estado. Los hechos expuestos en la acusación forman el eje de la vista oral en la que se decidirá la responsabilidad penal y las correspondientes penas solicitadas para el procesado.
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