Las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), Plataforma Judicatura Interina (APJI) y Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (APDJSMS) han mantenido este lunes una reunión en Bruselas con representantes del Gabinete de Justicia de la Comisión Europea, a quienes han trasladado la "grave situación" que atraviesan los jueces y fiscales sustitutos en España.
En un comunicado, las asociaciones han celebrado que este encuentro constituye "un paso decisivo en la defensa de los derechos de un colectivo que lleva décadas sosteniendo el funcionamiento de la Justicia española en condiciones de precariedad laboral, pese a realizar las mismas funciones que los titulares".
Durante la reunión, han expuesto "el abuso estructural" que a su juicio sufren con la contratación temporal, "que afecta a un colectivo que representa aproximadamente el 25% de la judicatura y la fiscalía en España, desempeñando funciones idénticas a los titulares pero sin estabilidad, sin derechos sociales plenos y con incompatibilidades absolutas que impiden cualquier otra actividad profesional".
En el encuentro han presentado el 'Informe sobre la vulneración del Derecho de la Unión Europea' por el proyecto de ley orgánica español para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, actualmente en tramitación parlamentaria.
Las asociaciones han reconocido al Gobierno español su empeño por enfrentarse a esta situación laboral, si bien han denunciado que dicho proyecto "no pone fin al abuso ni garantiza la estabilidad, contraviniendo la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".
Han mencionado la denuncia de la Comisión Europea contra Italia por los jueces honorarios y las conclusiones del Abogado General Norkus en el asunto Obadal --9 de octubre de 2025--, que "refuerzan la necesidad de eliminar las consecuencias del abuso y limitar los procesos de estabilización a las verdaderas víctimas de la temporalidad abusiva".
Además, han solicitado a la Comisión Europea que intervenga "con urgencia" y que promueva "un proceso de estabilización restringido y por concurso de méritos, dirigido exclusivamente a las personas que han sufrido abuso en la contratación, conforme a la jurisprudencia europea".
También han propuesto la creación de una mesa de trabajo permanente con la Comisión Europea, que permita el seguimiento del cumplimiento de las directivas europeas y la protección efectiva de los derechos laborales y sociales del colectivo. "Confiamos en que la Comisión actúe con la celeridad que exige esta injusticia estructural, para garantizar la estabilidad, la igualdad y la dignidad profesional de quienes servimos a la Justicia española", han concluido.
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