El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pretende que el Gobierno fomente el comercio de proximidad en aquellos municipios que albergan centros penitenciarios a través de un plan específico que incluya líneas de ayuda directa, asesoramiento técnico y promoción comercial.
En su proposición no de ley, que se debatirá en la Comisión de Interior, los 'populares' argumentan que los municipios con centros penitenciarios asumen una serie de cargas y responsabilidades que, a su juicio, "no siempre vienen acompañadas de una compensación económica justa y equilibrada".
Para el PP, uno de los aspectos más relevantes es que estos centros, al estar vinculados a la Administración del Estado y destinados a un uso público, están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DESCOMPENSACIÓN FISCAL Y FUNCIONAL
Un hecho que, sumado al uso intensivo de infraestructuras y servicios municipales, provoca "una descompensación fiscal y funcional" para muchos ayuntamientos, especialmente aquellos de pequeño o mediano tamaño que no cuentan con una base económica suficientemente diversificada.
Además, el texto señala que la localización de un centro penitenciario en un municipio no siempre se traduce en beneficios económicos directos entre otras razones porque muchos de sus trabajadores no residen en él y, por tanto, generan un gasto limitado, y porque el flujo de personas relacionadas con la institución penitenciaria (familiares, proveedores, entidades sociales, etc.) no siempre tiene un impacto en la economía local.
Es por ello que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo defiende que fomentar el comercio de proximidad se presenta como "una herramienta clave" para revitalizar la economía de los municipios, generar empleo, aumentar la recaudación fiscal indirecta y mejorar la cohesión social.
OTRAS IDEAS
En este sentido, el PP propone coordinar con las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, y con las comunidades autónomas, el impulso de incentivos fiscales, subvenciones y líneas de crédito específicas para el pequeño comercio en estos municipios.
También plantea facilitar convenios de colaboración entre los ayuntamientos y las instituciones penitenciarias para que los procesos de reinserción sociolaboral de las personas internas incluyan prácticas o empleo en comercios de proximidad, cooperativas locales o redes de economía social.
La propuesta, que recoge Europa Press, también insta al Gobierno a promover campañas de sensibilización y apoyo al consumo local, dirigidas tanto a la población residente como al personal laboral del centro penitenciario y a los visitantes, así como estudiar fórmulas de compensación económica estructural para los municipios sede de centros penitenciarios, que reconozcan el esfuerzo municipal en materia de servicios e infraestructuras no compensadas fiscalmente.
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