Lisboa, 24 sep (EFECOM).- El ex secretario general del Partido Socialista (PS) portugués Pedro Nuno Santos defendió este miércoles su decisión cuando fue ministro de Infraestructuras (2019-2022) de permitir el pago de una indemnización de medio millón de euros a la antigua administradora de la aerolínea TAP Alexandra Reis, que está investigando la fiscalía del país.
En un mensaje en su cuenta de Facebook, Santos afirmó estar orgulloso de la labor que desempeñó sobre TAP: "Salvamos a una de las empresas más importantes de la economía nacional y la dejamos saneada desde el punto de vista financiero", aseguró.
"El coste para la economía portuguesa de dejarla caer hubiera sido mucho mayor al coste de su rescate", remarcó.
Aun así, admitió que "no todo salió bien, la indemnización pagada a una administradora ejecutiva es uno de esos ejemplos, pero no se cometió ningún delito por los miembros del Gobierno o de mi Gabinete".
Santos subrayó que como ministro hizo lo que tenía que hacer.
Recordó que tras la salida de Reis, en febrero de 2022, de TAP y después de una negociación entre las partes le solicitaron su anuencia política para cerrar la salida de la administradora.
"Obviamente que presupuse que la solución que la empresa nos presentó era legal, teniendo en cuenta que TAP había sido asesorada por un prestigioso bufete de abogados", dijo Santos, quien sostuvo que él autorizó el cierre del acuerdo entre las partes, a pesar del elevado valor de la indemnización, porque era peor mantener una situación de conflicto en la junta ejecutiva de la aerolínea.
"Por supuesto -agregó-, que si hubiese sabido que la indemnización era ilegal, nunca hubiera dado esa autorización".
El exresponsable socialista, que fue ministro durante uno de los gobiernos de António Costa, deseó que la investigación de la fiscalía, abierta en 2023, concluya lo más rápido posible para que quede clara su participación en este asunto, que "tanto daño" le ha causado.
El que fuera secretario general del PS hasta mayo pasado, cuando dimitió por los malos resultados electorales, publicó este mensaje después de que la fiscalía llevara a cabo ayer registros en las instalaciones de TAP y la sede de un bufete de abogados por la indemnización pagada a Reis.
Según el ministerio público, el objetivo de estas pesquisas es la recogida de documentación por las sospechas de que se podrían haber cometido delitos de "administración lesiva, recepción y oferta de ventajas indebidas, participación económica en negocios y abuso de poder".
Los hechos se remontan a febrero de 2022 cuando Reis renunció al cargo de administradora de TAP y recibió una indemnización de medio millón de euros. Tras su salida, fue nombrada secretaria de Estado del Tesoro en el entonces Gobierno de Costa, cargo que tuvo que abandonar después de que la Inspección de Finanzas concluyera que la indemnización fue ilegal.
Entonces la cúpula de TAP fue cesada y Santos, en ese momento ministro de Infraestructuras, tuvo que dimitir por permitir el pago de esa indemnización por parte de la aerolínea.
TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y se encuentra ahora en un proceso de reestructuración.
En julio pasado, el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) aprobó la reprivatización de 49,9 % del capital de la aerolínea, con hasta el 44,9 % abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados. EFECOM
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