La jueza rechaza el intento de la pareja de Ayuso de aplazar el juicio por un presunto fraude fiscal

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha rechazado suspender la causa en la que a finales de mayo se dictó juicio oral para sentar a Alberto González Amador en el banquillo de los acusados por el caso del presunto fraude fiscal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada se pronuncia sobre la petición de los abogados de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de suspender el procedimiento judicial hasta la resolución de los recursos interpuestos contra su procesamiento al no apreciar "causa para ello".

La jueza Inmaculada Iglesias, ya apartada del juzgado al solicitar la jubilación voluntaria, propuso a finales de mayo juzgar a González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021.

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021.

También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.

Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal.

En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.

"GASTOS FICTICIOS"

La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".