El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido dos resoluciones estimatorias en las que obliga al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, respectivamente, a facilitar información desglosada sobre las cantidades invertidas al detalle por parte del Gobierno de España en medios de comunicación para campañas institucionales.
En el primer caso, el reclamante había solicitado al departamento que dirige Félix Bolaños el desglose detallado del dinero invertido por el Ejecutivo en 2023 en medios de comunicación, incluyendo el nombre de cada medio, tipo (prensa, TV, digital, radio), empresa titular, CIF, importe recibido, ministerio que contrató la campaña y el contenido de esta.
Pese a que el propio Consejo de Transparencia ya había ordenado a Presidencia facilitar estos datos, el ministerio solo remitió al interesado un enlace al informe anual de publicidad institucional, sin proporcionar el desglose requerido.
Ahora, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha dictado una resolución, recogida por Europa Press, en la que destaca que el informe aportado no especifica qué medios fueron los destinatarios finales del gasto, ni las empresas editoras, ni las cantidades exactas percibidas por cada uno, lo que impide ejercer un verdadero control ciudadano sobre el uso de fondos públicos. El Consejo subraya que esta información "tiene un indudable interés público" y que no se ha acreditado ninguna causa legal para denegarla.
Por ello, insta al Ministerio de la Presidencia a que en un plazo de 10 días hábiles entregue al reclamante el listado completo con todos los datos solicitados en formato reutilizable, y a que remita copia de la información facilitada al propio Consejo.
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE
En el segundo caso, el CTBG estima la reclamación contra el departamento que dirige Carlos Cuerpo por no haber respondido en plazo a una petición muy similar, formulada el 17 de febrero de 2025. En esta ocasión, el ciudadano solicitó el desglose de todas las cantidades transferidas a medios o grupos mediáticos entre 2019 y 2025 para campañas institucionales, con fechas, importes netos o brutos y finalidad del ingreso.
Ante la falta de respuesta por parte del ministerio y la ausencia de alegaciones justificativas, el Consejo considera vulnerado el derecho de acceso a la información pública y recuerda que "las limitaciones solo son aceptables cuando resulten justificadas y proporcionadas, y deben aplicarse con interpretación estricta". El reclamante pedía la entrega completa de la información en un formato accesible.
Tanto en el expediente relativo al Ministerio de Presidencia como en el de Economía, el Consejo de Transparencia recuerda que la ciudadanía tiene derecho a saber con precisión cómo y en qué medios se gastan los fondos públicos en campañas de comunicación institucional, y que dicha información debe estar disponible "sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información".
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, el ministerio ya sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo directamente ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional.
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