La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el PP han solicitado al Tribunal Supremo (TS) que envíe a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso de Cerdán en prisión provisional incondicional y sin fianza al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas, han precisado las mismas fuentes.
De esta forma, Anticorrupción va un paso más allá que con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también pidieron prisión provisional pero el instructor lo rechazó.
Durante su declaración, en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado --ni siquiera a las de juez y fiscal--, el exdirigente socialista ha negado cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, así como en el cobro de mordidas.
También ha aludido a los audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, en los que se asienta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le implica en la presunta trama. Cerdán los ha cuestionado, señalando que están descontextualizados. Además, ha avanzado que presentará un informe pericial sobre los mismos.
Fuentes jurídicas indican que ha atribuido su irrupción en este caso a una supuesta cacería política para perseguir a gobiernos progresistas. En este sentido, ha sostenido que en su contra ha jugado haber negociado con PNV y EH Bildu la investidura de Pedro Sánchez, apuntando que cree que el siguiente va a ser el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque negoció con Junts.
El ex 'número tres' del PSOE ha llegado poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática. Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.
El magistrado Leopoldo Puente, que ahora debe decidir sobre las medidas cautelares, le llamó a sede judicial tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de dichas corruptelas, junto al ex ministro de Transportes Ábalos y su ex asesor Koldo García.
EL 'INFORME CERDÁN'
La llegada de Cerdán al 'caso Koldo' tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a unos audios grabados por Koldo entre 2029 y 2023 que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron.
Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra --área de influencia de Cerdán y Koldo-- con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.
Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de "pagos", mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.
La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.
DUEÑO AL 45% DE SERVINABAR
Se espera que uno de los puntos clave del interrogatorio a Cerdán sea el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 --un año después de que se iniciara la presunta trama-- el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.
El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.
Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".
Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.
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