Un juzgado abre una segunda causa contra tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por muertes en residencias

Tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, han sido citados como investigados en una segunda causa, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.

Según han informado las asociaciones de residencias 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas, las declaraciones están previstas para el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.

Se trata de la segunda causa abierta en una semana, ya que el viernes pasado tanto Mur como Peromingo fueron citados a declarar por un juzgado de Madrid, aunque la declaración se suspendió y aplazó porque las defensas alegaron falta de traslado de actuaciones. En esta primera causa también está citado como investigado el entonces asesor sanitario del Gobierno regional, Antonio Burgueño, que participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional.

En ambas causas, la del juzgado de Madrid y la del de Leganés, se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial, según han informado las asociaciones de residencias.

ALTOS CARGOS EN PANDEMIA

Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.

Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos".

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes.

REYERO CITADO COMO TESTIGO

Más allá de la declaración como investigados de los tres exaltos cargos, el día 3 de junio están citados como testigos el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha sido muy crítico con los protocolos desde que dimitiese en mayo de 2020.

El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.

"Consideramos relevantes estas declaraciones. En el caso de Reyero, porque podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos. Y en el de Abarca Cidón, porque podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad solo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado. Por su parte, Burgueño elaboró un Plan de lucha contra la Covid-19 que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica", han expresado ambas residencias.

La presidenta de 7.291: Verdad y Justicia, María Jesús Valero, ha expresado que ambas citaciones han devuelto "la esperanza a las familias". "Nos da esperanza e ilusión, porque tanto los investigados como los testigos son los que tienen que tirar de la manta para depurar responsabilidades", ha remarcado este viernes, y ha pedido que "no haya presiones ni interrupciones".

CONSEJERÍA DEFIENDE QUE HAY MÁS DE 60 PROCEDIMIENTOS ARCHIVADOS

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales expresaron la semana pasada, tras la citación en el primer juzgado, que respetan las decisiones judiciales, pero recordaron que "ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión".

En este sentido, quisieron subrayar que "la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas".

En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.

Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia de covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental '7.291', en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020.