Santander, 27 may (EFE).- El exfutbolista y enfermo de ELA Juan Carlos Unzué ha exigido este martes que la ayuda para las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica (ELA) llegue ya porque ha lamentado que siete meses después de aprobarse la ley muchos enfermos que quería vivir han muerto sin recibirla.
"Es una vergüenza; estamos hasta las narices de que nos utilicen los políticos para mostrar sus diferencias ideológicas, para salir en la foto sonrientes diciéndonos palabras bonitas, para luego nada de nada", se ha quejado en el encuentro 'Reunidos por la ELA, de la ley a la realidad'.
El encuentro ha reunido en Santander a enfermos, representantes de asociaciones y responsables políticos de comunidades autónomas y del Gobierno, entre ellos el director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín, que ha llamado a un acuerdo entre todas las administraciones y ha pedido que no se utilice el consenso de esta ley para "intereses políticos".
En un diálogo mantenido junto al escritor y también enfermo de ELA Martín Caparrós, Juan Carlos Unzué se ha dirigido a todas las administraciones pero en especial al Gobierno de Pedro Sánchez al que ha recordado que "tiene la obligación de financiar la ley".
"Dejen de mentirnos; pónganse las pilas y reporten ya el dinero a las comunidades para que estas puedan atender a todas las personas afectadas al mismo tiempo", ha demandado al Ejecutivo central.
Pero también ha pedido a los gobiernos autonómicos que se anticipen para que el día que llegue esa financiación "puedan ser lo más eficientes posibles" en el reparto de las ayudas.
Unzué ha denunciado que desde que se aprobó la ley 600 enfermos de ELA han muerto sin recibir esas ayudas, que ha recordado son necesarias para atender las necesidades que requieren estas personas y que conllevan elevados gastos. "Unas cuantas personas, queriendo vivir, se han visto obligadas a morir, en algunos casos por no arruinar a sus familias", ha afirmado.
Antes, en la apertura del encuentro, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado a todas las administraciones a "arrimar el hombro" y ha defendido que "mirar solo a la Administración General del Estado es ignorar el marco territorial en materia de sanidad y de servicios sociales".
"Las administraciones disponen de legitimidad, disponen de recursos también para contribuir al despliegue de esta ley en el marco de sus competencias", ha afirmado Jesús Martín, quien ha subrayado que el Gobierno está buscando "mecanismos diligentes, pero también los más garantistas para desarrollar esta ley". "Estamos trabajando en un plan exigente, riguroso para que esta ley cobre vida", ha resumido.EFE
(foto) (vídeo) (audio)
Últimas Noticias
¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 24 de septiembre?
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar
El Banco de España calcula que faltan 750.000 casas y advierte de que el déficit podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028 y superar el millón

La ley machista del franquismo que ha propiciado el desahucio de Maricarmen y cómo el sistema actual “favorece a quienes especulan”
A sus 87 años, esta vecina del distrito de Retiro fue desalojada por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa en la que ha vivido siete décadas

En 2021 liberaron en España 25 ejemplares de un “superdepredador” de Noruega: cinco años después, este proyecto continúa dividiendo a los conservacionistas
Mientras que GREFA defiende los beneficios del programa de reintroducción del pigargo europeo, entre algunas asociaciones y científicos ha causado rechazo

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”
Sumar reta al socio mayoritario a aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros y recuerda que, de haberse aprobado en julio, habría evitado el desalojo ejecutado este miércoles
