Alicante, 15 abr (EFE).- Cinco personas de una misma familia han sido detenidas por, supuestamente, formar un grupo criminal que podría haber estafado más de 3 millones de euros a empresarios españoles y también extranjeros con la falsa promesa de préstamos internacionales.
Según la Guardia Civil, los arrestos de estos cinco miembros de una misma familia, asentada en Alicante, se han efectuado en esta provincia, Madrid y Almería, y los cabecillas eran un matrimonio con antecedentes en 2022 por hechos similares mientras que el resto contaba con amplia formación esta este tipo de estafas.
La organización captaba a empresarios que no podían acceder a financiación ordinaria y que buscaban alternativas en el capital privado internacional, y la red elaboraba documentación falsa, se ofertaba en oficinas de enclaves empresariales reconocidos y concertaban citas con un notario real en París, quien únicamente daba fe de las firmas sin conocer el fondo de la estafa.
Una vez que las víctimas abonaban los gastos iniciales de gestión, corretaje, seguros o supuestos impuestos internacionales, se les requerían nuevos ingresos alegando incidencias burocráticas o financieras, sin que llegarse hacer nunca la transferencia. Algunas víctimas llegaron a efectuar varios pagos antes de descubrir el engaño.
Por el momento se ha conocido la existencia de cuatro víctimas, entre Alicante y Almería, aunque se estima que el número podría superar la veintena, con un perjuicio económico global superior a los tres millones de euros.
Los implicados llevaban un alto nivel de vida y, entre otros bienes, contaban con una vivienda de lujo en una de las zonas residenciales más exclusivas de Alicante valorada en dos millones de euros.
La operación se inició a finales del pasado año tras la denuncia de un empresario que había sido estafado en más de 70.000 euros al solicitar un supuesto préstamo de un millón de euros y al poco le siguió otra a la que habían estafado más de 600.000 euros por pedir 6 millones de financiación.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la misma Comandancia de la Guardia Civil. EFE
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