La mayoría de las enmiendas al decreto de nuevas universidades piden aún más exigencia

Madrid, 10 abr (EFE).- El decreto de creación de nuevas universidades ha recibido decenas de enmiendas, en su mayoría más exigentes con los criterios académicos que propone el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que marca una cifra mínima de alumnos así como porcentajes de inversión en investigación y profesorado doctor.

UGT, CCOO, CSIF y el sindicato de estudiantes CREUP han cerrado filas para elevar todavía más los requisitos que deben cumplir tanto los nuevos centros universitarios como los ya existentes, pidiendo en algunos casos acortar el periodo de adaptación al nuevo decreto.

El plazo de presentación de alegaciones finaliza este viernes y el Ministerio se reúne con sindicatos y con representantes de la Conferencia de Consejos Sociales Universitarios de España (CCS) para escuchar sus propuestas.

En este sentido, mientras el CCS pone el foco en que haya una evaluación continúa de la calidad de los centros universitarios y en dotar de recursos a las agencias que las evalúan para garantizar su independencia, los sindicatos abogan porque no solo sea vinculante el informe de estas entidades sino también el que emite la Conferencia General de Política Universitaria (CGPJ) que elabora el Ministerio.

Este documento, que es preceptivo en el trámite de la solicitud y que votan el Ministerio y las Comunidades Autónomas, no se contempla como vinculante en el actual borrador, que a partir de la próxima semana será remitido a los órganos consultivos.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) donde están representadas públicas y privadas "rechazan la autorización de universidades a pesar de los informes negativos (no vinculantes) de las agencias de calidad universitaria, ya que va en detrimento de la calidad del sistema universitario español en su conjunto".

CCOO pide al Gobierno que sean "ambiciosos" sobre todo con la calidad de los títulos impartidos por universidades privadas, que consideran que deben ser "complementarios" a los de las universidades públicas.

Insiste en la creación de un mapa de titulaciones para que las enseñanzas impartidas por las privadas no sean "reiterativas o estén en competencia" con las públicas si se produce un aumento de la demanda.

Todas las alegaciones piden una mejor financiación de las universidades públicas, para cumplir con el 1 % del PIB en 2030, y desde los sindicatos se insta a que las Comunidades Autónomas doten de recursos económicos, materiales y humanos a las universidades públicas con titulaciones de alta demanda.

CCOO también solicita que los precios de las matrículas en los centros adscritos estén limitados y que se eleve al 70 % el personal doctor para las universidades privadas, así como que el plazo de adecuación de los centros ya activos a los nuevos requisitos sea de un año como máximo.

CSIF pide al Gobierno que busque equilibrio entre las competencias de las CCAA y el sindicato STES-i pone el foco en la investigación que deben realizar los centros privados.

"En igualdad de exigencia con las universidades públicas tanto en la calidad de la docencia, investigación y transferencia que se realiza", señalan a EFE fuentes de este sindicato que también proponen limitar el acceso de empresas proveedoras de formación superior que no son universidades a los órganos consultivos o de participación institucional.

Los Consejos Sociales de las Universidades, por su parte, consideran que habría que revisar el cumplimiento de los 4.500 alumnos a alcanzar durante los cinco primeros años de actividad para conservar la autorización del centro y no comparten que una universidad deba cursar tres ramas de conocimiento.

Piden que las agencias que emiten los informes favorables o desfavorables estén acreditadas y registradas y que se pueda revocar una autorización si el centro denominado 'Universidad' no cumple con docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

El CCS también solicita suprimir que las universidades con un 80 % de enseñanza virtual pasen a ser autorizadas por las Cortes Generales así como medidas de rendición de cuentas y transparencia en las universidades.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) ha presentado como enmiendas garantizar plazas en todas las titulaciones, ajustar la oferta académica oficial a la demanda del territorio y un curso de competencias psicopedagógicas para el profesorado de al menos 300 horas.

Otras demandas son que las universidades tengan instalaciones para el desarrollo de la vida universitaria y que las comunidades autónomas no puedan destinar financiación pública a universidades privadas.EFE