València, 22 mar (EFE).- La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha pedido al Consorcio de Compensación de Seguros que dé prioridad al pago de las indemnizaciones por daños materiales para que las comunidades de propietarios de edificios y viviendas con personas vulnerables puedan restablecer el funcionamiento de los ascensores.
Camarero se ha dirigido en una carta al presidente del consorcio para trasladarle "un problema prioritario" para los ciudadanos afectados por la dana del pasado mes de octubre cuyos ascensores se encuentran fuera de servicio o con graves problemas de funcionamiento.
En esta comunicación, remitida por la Vicepresidencia a EFE, se adjunta un listado de los edificios afectados por la riada en los que residen personas con discapacidad o movilidad reducida (mayores o niños).
La vicepresidenta insiste, ante la demora en la solución a esta cuestión "prioritaria para muchas personas", en su importancia y el carácter elemental que los ascensores tienen para estos colectivos vulnerables, y le solicita que se dé prioridad a estos casos y se agilice el pago de las indemnizaciones por daños materiales, permitiendo a las comunidades de propietarios restablecer el funcionamiento de los ascensores cuanto antes.
Concluye la carta, enviada este viernes, expresando su confianza en el compromiso del presidente del consorcio y en que atenderá personalmente la solicitud, "garantizando una respuesta urgente y efectiva a los expedientes correspondientes a este primer listado".
Fuentes de Vicepresidencia han indicado que desde las inundaciones han trabajado con distintas entidades para identificar ascensores sin funcionamiento en edificios con personas vulnerables, ya sea con discapacidad, personas mayores o familias con niños, para llevarles productos necesarios o ayudarles a bajar a la calle.
Según el Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana presentado este viernes, la dana afectó a 103 municipios, a 306.000 personas -de las que 225 fallecieron y tres siguen desaparecidas- y a 11.242 viviendas, cuyo coste de reposición asciende a 475 millones de euros, a los que hay que sumar los 160 millones de los daños en ascensores. EFE
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