La investigación de los fallecidos en residencias, asignatura pendiente de la justicia

Ximena Hessling

Madrid, 3 mar (EFE).- Familiares de fallecidos en residencias de personas mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de la covid-19 se han aventurado en una batalla legal que continúa abierta cinco años después.

Entre marzo y abril de 2020 murieron 7.291 personas mayores en las residencias de la región madrileña sin recibir la atención sanitaria adecuada por la aplicación de un protocolo que estableció que los infectados con dependencia física o cognitiva no fueran derivados a los hospitales, según datos del Gobierno madrileño publicados por InfoLibre.

La plataforma que agrupa a familiares de las víctimas Marea de Residencias emprendió acciones legales para depurar responsabilidades sobre lo ocurrido a partir de mayo de 2020.

Se interpusieron 350 querellas, de las cuales 269 han sido archivadas y 81 continúan abiertas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid. Tras el archivo de los casos por la Audiencia Provincial de Madrid, 80 familiares han presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional para pedir su reapertura y 189 decidieron no continuar con este procedimiento.

Las querellas se han dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y de Justicia Enrique López, y directores de residencias por los supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y prevaricación.

Los jueces han cerrado las investigaciones apoyándose en informes forenses que sostienen que los médicos de las residencias aplicaron la 'lex artis' del momento.

Más de un centenar de familiares agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia decidieron abrir otra vía judicial con una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid que presentaron el 10 de octubre de 2024 contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de 25 hospitales por un presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se declaró no competente y remitió la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la región: la Provincial y las de Área de Alcalá de Henares, de Getafe-Leganés y la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón.

Las cuatro fiscalías que recibieron la denuncia colectiva acordaron abrir diligencias de investigación por cada denunciante, 109 en total, que comenzaron a declarar el pasado 8 de enero.

Los promotores de la acción alertan del "riesgo de que los delitos denunciados prescriban si el Ministerio Público y los juzgados no actúan con rapidez", ya que empezarían a prescribir desde la segunda quincena de marzo.

Por ello, solicitan a la Fiscalía que "judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares", dado que los denunciantes ya aportaron "abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos".

La denuncia se dirige contra 29 personas, entre ellos, los exdirectores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que fueron "el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes".

También se denuncia al entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; a Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía una medicalización de las residencias que nunca se hizo; y a los geriatras que aplicaron el "protocolo de la vergüenza en los 25 hospitales públicos".

En el escrito detallan "la discriminación" a sus familiares en cinco ámbitos al no medicalizar las residencias e impedir el traslado de residentes a hospitales públicos, además del "veto a atender a los residentes" en los hospitales privados salvo que tuvieran un seguro, así como en el hospital de Ifema y los hoteles medicalizados.

Una vez agotadas todas las vías judiciales en España, el combate todavía puede continuar en el ámbito internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u organismos de la ONU. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22331953 y otros)