Madrid, 25 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes del proyecto de ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, una normativa que decayó en la pasada legislatura y que ha vuelto a retomar para su tramitación parlamentaria.
Es una reforma que está impulsada tanto por el Ministerio de Presidencia y del de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030, según ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, y va a permitir que las reclamaciones se puedan hacer de una forma colectiva, a través de una entidad que tiene que estar legalmente habilitada.
Es decir, de asociaciones de consumidores u órganos de la administración tanto estatal, autonómica como local, según ha precisado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esta norma, cuyos principios fueron aprobados en marzo de 2024, buscan que se agilice el procedimiento judicial a seguir para el ejercicio de acciones colectivas por parte de estas asociaciones frente a conductas empresariales ilícitas.
El proyecto recoge medidas para eliminar barreras que han impedido que estas acciones hasta la fecha sean ejercidas de forma efectiva y masiva, y contempla la regulación para habilitar a las asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas.
También prevé la creación de una base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El anteproyecto iba acompañado en marzo de 2024, cuando fue llevado por primera vez al Consejo de Ministros, de una parte relacionada con medidas de eficiencia del servicio público de justicia en intereses de los consumidores, que sí ha podido ya salir adelante en las Cortes. EFE
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