Madrid, 19 feb (EFE).- El policía municipal de Madrid que hizo un informe en el que validaba la documentación de las mascarillas que vendieron al Ayuntamiento los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina ha reconocido que lo hizo mirando la página web de una empresa, sin indagar más y sin saber que el Gobierno había alertado de que los certificados que emitía esa empresa no eran validos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este miércoles el juicio a Luceño y Medina, acusados de estafar al Ayuntamiento de la capital en los momentos más duros de la pandemia en tres contratos para la compraventa de material sanitario con los que se embolsaron 6 millones de euros. La Fiscalía pide para ellos 15 y 9 años de cárcel, respectivamente.
Un inspector de la Policía Municipal de Madrid que trabajaba en la Dirección General del Cuerpo en marzo de 2020 y elaboró un informe sobre la documentación referida a las mascarillas ha explicado que solo recibió por correo electrónico unas fotocopias con datos sobre el producto, adquirido en China, y su labor consistió en comprobar telemáticamente si estaban certificadas para su uso en Europa.
Ha detallado que cotejó la información que le dio su jefe, que es la que el proveedor asiático había enviado al Ayuntamiento, con la web de una empresa (ECM) y vio que los datos que se solicitaban para certificar su uso "coincidían".
Ha reconocido que no hizo ninguna comprobación acerca del organismo con el que verificó el supuesto cumplimiento de la normativa del material sanitario.
La letrada de Más Madrid, Nuria Zapico, ha preguntado a este policía si sabía que en aquellos momentos existía una alerta del Ministerio de Trabajo que advertía de que este organismo no podía certificar "ningún tipo de material", a lo que ha contestado que no.
Ha precisado que él entendió que la calidad de las mascarillas de grafeno del tipo KN95 que validó "podían tener una similitud con las FPP2".
Por su parte el que era entonces director general de Emergencias del Ayuntamiento, Enrique López Ventura, ha testificado que en marzo de 2020 se creó improvisadamente un almacén para recopilar material sanitario, dado el "aluvión" de donaciones y luego de compras, sin poder concretar si las mascarillas que vendieron Luceño y Medina pasaron por allí.
Ha recordado que Luceño donó varios miles de mascarillas, además de las que vendió al Consistorio, y que en un momento dado alguien dijo que algún material no cumplía los requisitos y esta sospecha se trasladó a la Policía Judicial para su investigación.
Por su parte un perito de la Cámara de Comercio ha explicado a la Sala que varios documentos que utilizaron los investigados para sus contratos de compraventa -y que están unidos a la causa- tienen un membrete de la Cámara de Comercio Internacional pero no son "auténticos". "Es apócrifo", ha aseverado sobre uno de ellos.
Sobre los motivos que pudieron llevar a los acusados a usar el membrete de la Cámara ha dicho que cree que "pretendían garantizar el cobro de la comisión por intermediario", y ha contestado que es normal que se cobren comisiones del 2 ó del 5 por ciento pero que "nunca" ha visto que asciendan al 40 ó al 50 por ciento, como ocurrió en este caso.
También ha declarado un perito de un instituto del CSIC que en mayo de 2020 hizo un informe sobre los test para detectar coronavirus que vendieron los dos empresarios encausados al Ayuntamiento, y en el que concluyó que había diferentes calidades y que en dos casos su sensibilidad era del 66 y del 80 por ciento, de modo que no se debían usar.
Ha precisado que "un kit razonablemente bueno tiene que tener una sensibilidad por encima del 95 por ciento". EFE


