Gobierno incluye una prueba escrita en el acceso a carrera judicial y prohíbe financiación privada de asociaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que va a incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, va a ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y además va a prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales.

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien considera que se trata de una avance esencial para la modernización del servicio público de la Justicia.

También contempla una reforma del llamado 'cuarto turno' de modo que al mismo tiempo que se convoquen oposiciones para el turno libre, también se convoque el mismo número de plazas para esta modalidad. De este modo se pretenden conseguir que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia.

Por primera vez, además se crear un cuarto turno para la carrera fiscal y, tal como viene reclamando la Comisión Europea, se llevará a cabo un proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos, que se encuentran en situación de temporalidad.

El ministro ha explicado que la prueba de acceso a la carrera judicial incorporará un ejercicio escrito, que será anónimo, en el que se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos. Además de esa prueba habrá, como hasta ahora, un examen tipo test y una prueba oral --en este momento había dos pruebas orales--.

Quienes acceden por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales, un cambio que debería agilizar el proceso de selección.

También se va a establecer un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo durante cuatro años y se habilitarán centros de estudio para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación.

De hecho el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio. En esta línea, se habilitará un registro público de jueces y magistrados que actúan como preparadores.

Además ha señalado que se va a regular la financiación de las asociaciones judiciales profesionales, de modo que se va a excluir fuentes de financiación privada de las mismas para así garantizar "la apariencia de imparcialidad".

De este modo ha explicado que la financiación privada de determinadas asociaciones proviene de empresas que pueden acabar incursos en procedimientos judiciales. "A mí me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y también financiación pública pero creo que es importante garantizar esa imagen de imparcialidad", ha remarcado.

SISTEMA DE ASCENSO AUTOMÁTICO Y CAMBIO EN EL COMITÉ DE ÉTICA

Por otro lado, la reforma va a establecer un sistma de ascenso automático "por antigüedad" y mejorará la especialización de jueces y magistrados, en materias como el derecho mercantil y la violencia sobre la mujer. Asimismo, eliminará incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

Además va a cambiar la composición y la elección de los miembro del Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que pasará a tener nueve integrantes, de los cuales cinco serán jueces y magistrados elegidos por la carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Según apuntan fuentes gubernamentales la idea con la que trabaja el Gobierno es que sean elegidos con un sistema similar al de la Mesa del Parlamento para que haya pluralidad.

Respecto al proceso de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, se establecerán candidaturas individuales y un solo voto por elector. Se va a prohibir el voto delegado e introduce el telemático además de reducir el mandato de cinco a tres años.