El juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos tomará declaración este jueves a las 10.00 horas, como testigo y a petición de la formación morada, al que fuera director general de la Policía Nacional y dirigente del Partido Popular Ignacio Cosidó.
Estas declaraciones llegan después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, escuchase el pasado mes de diciembre como testigos al comisario Mariano Hervás, que era el 'número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en la etapa de la 'Kitchen'; a Bonifacio Díez Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO); y al comisario José Manuel García Catalán.
Ese mismo mes, el instructor practicó la testifical de Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano al que se citó para que diese cuenta del justificante que habría presentado y en el que se apunta a una presunta transferencia que el régimen 'chavista' habría realizado al ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Podemos presentó una querella ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, el partido morado aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación fundada por el exvicepresidente Pablo Iglesias apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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